El Juzgado de Extinción de Dominio con sede en San Salvador, resolvió que $30,000 decomisados a Elio Enay Robles Zavala, de la Mara Salvatrucha pasen de forma definitiva al Estado.
Al terrorista, la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía lo comenzó a procesar en el Juzgado de Paz del municipio de Conchagua, La Unión, por los delitos de casos especiales de lavado de dinero, intento de homicidio en cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), así como, tenencia ilegal de arma de fuego.
Según se conoció en la causa penal que le siguieron en La Unión, Robles Zavala, abordo de una motocicleta participó en el ataque armado en contra de los policías en Playas Negras de La Unión.
Ante la agresión, los agentes policiales repelieron el atentado logrando lesionar al terrorista, a quien le decomisaron un arma de fuego ilegal y una mochila azul en la cual llevaba un paquete de dinero que al ser verificado se determinó que eran $30,000.
El hecho ocurrió el 17 de octubre de 2021, tras ser arrestado de forma infraganti la Policía junto a la Fiscalía levantaron las evidencias en la escena para presentarlas como prueba en el proceso penal mismo que fue certificado en juicio de extinción de dominio que culminó este jueves en San Salvador.
En la resolución se detalló que el juez especializado determinó que no se justificó el incremento patrimonial proveniente de fuentes lícitas conocidas por parte de la familia de Elio Enay Robles Zavala, quien murió en un hospital por las lesiones que recibió al enfrentarse a los agentes que le incautaron el dinero.
La familia del terrorista pretendía quedarse con el dinero decomisado, pero en los procesos de extinción de dominio, los afectados (personas que reclaman dinero y bienes) deben probar la procedencia lícita, ya que en este tipo de procesos la carga probatoria recae en los interesados y no en la Fiscalía.
En la audiencia de sentencia el juez accedió a la pretensión de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía que desde el principio solicito que el dinero pasara al Estado por proceder de actividades ilícitas.
Los parientes del pandillero no presentaron ninguna prueba que le demostrara al juez que el dinero procedía de una fuente lícita y lejos de eso quedó evidenciado un incremento patrimonial injustificado.
El marero no tenía ninguna fuente de ingreso que justificara la portación de los $30,000. Con la resolución judicial el dinero pasa al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) para que al finalizar el año como la ley lo establece, se puedan repartir entre diversas instituciones del sector Justicia y del ramo de seguridad el dinero, así como los bienes decomisados al crimen.