Condena, demanda por la justicia y señalamientos de las deficiencias en el sistema migratorio, es lo que las organizaciones, líderes pro-migrantes y los grupos de migrantes reclaman al Gobierno mexicano, al que señalan como principal culpable por la tragedia en la que las mismas autoridades mexicanas rectificaron que no se trata de 40, sino de 38 migrantes los fallecidos en el incendio del lunes por la noche en el centro de detención de Ciudad Juárez
Que no exista impunidad
«Criminalizar la migración mata», compartió la Fundación para la Justicia. «Lo ocurrido en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración es responsabilidad del gobierno federal. La situación refleja la ausencia de una política de Estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes», se pronunció en un comunicado.
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur también sentenció las acciones del Gobierno y solicitó sancionar a los responsables y «reparar integralmente a las personas migrantes víctimas y a sus familiares». «La detención migratoria no debe ser un recurso en este ámbito y menos práctica sistemática que pone en peligro la vida de las personas», aseveró.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) comunicó que si hay personas culpables se les debe aplicar «un castigo ejemplar para que este hecho no quede impune».
Sin garantías de protección
Tras declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al manejar la versión de que los migrantes iniciaron el incendio después de darse cuenta de que serían deportados, un grupo de migrantes se manifestó de forma pacífica afuera de las sedes migratorias en Ciudad Juárez.
«Ellos son los responsables de la muerte de nuestros hermanos. ¿Quiero saber qué van a hacer?», dijo uno de los migrantes a medios de comunicación mexicanos.
«Queremos hacer entender al Gobierno de Estados Unidos y de México que nosotros no somos animales, somos seres humanos y tenemos nuestros derechos», se dirigió otro participante de la protesta.
Para la oficina de las Naciones Unidas Human Rights la catástrofe se pudo evitar. «Instamos a todos los Estados a adoptar alternativas a la detención de inmigrantes. Una investigación rápida y transparente para esclarecer las circunstancias detrás de esta tragedia será crucial», exigió.
El director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino, urgió a las autoridades a investigar este incidente y «garantizar que la seguridad de las personas siga siendo la prioridad número uno. La detención debe ser una medida de último recurso».
Repercusiones de la política actual
La Conferencia del Episcopado Mexicano publicó que la semana pasada pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos medidas de protección para evitar actos u omisiones que resulten en daños irreparables y graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes en Ciudad Juárez, pero que la Comisión no tomó ninguna acción.
En su recorrido en noviembre, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos identificó a muchos migrantes varados en esta ciudad como consecuencia de la ampliación del Título 42, una medida de expulsión exprés que implementa el Gobierno de Estados Unidos para negar el acceso al asilo a las familias que se acercan a su frontera de manera irregular.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) recordó que «la política de contención genera las condiciones para que tragedias como estas ocurran». La institución resaltó el caso de 2020 cuando otro grupo de migrantes protestaron por mantenerlos encerrados en un centro en el estado de Tabasco pese al alto riesgo de contagio por COVID-19.
A causa del incendio, una persona murió y 14 personas más resultaron heridas.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación, «no existieron garantías de no repetición y hoy nuevamente su política de contención mató» a personas migrantes, acusó IMUMI.