Un cambio de rumbo en la administración de Joe Biden, uno que recuerda a la de Donald Trump, es ahora a lo que se enfrentan las organizaciones de inmigrantes. Es por esto que Alianza Américas y Human Rights Watch presentaron un documento con argumentos ante la Corte Suprema de Justicia en apoyo al caso en discusión conocido como Sánchez versus Mayorkas, en el que se analiza si los inmigrantes amparados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) son elegibles para una residencia permanente sin salir del país. El fallo se conocerá entre mayo y junio.
La directora asociada para la Construcción del Poder de Alianza Américas, Mony Ruiz Velasco, lamentó que el Gobierno esté mostrando señales de no estar a favor de las comunidades inmigrantes. «Tomaron la posición opuesta y eso hace las cosas más difíciles. En la Corte Suprema hay más jueces conservadores. Es difícil predecir cómo van a determinar las cosas. Las comunidades migrantes sabemos que el balance de la Corte no está a nuestro favor», detalló a «Diario El Salvador». Lo que no se esperaban es que durante la audiencia del pasado lunes el representante del gobierno se alineara con la Corte, que tiene tres jueces que fueron heredados por Trump.
Argumentos a favor de los salvadoreños
Los esposos salvadoreños José Santos Sánchez y Sonia González demandaron que la Corte Suprema resuelva las deliberaciones de las cortes inferiores que determinaron que los migrantes con TPS que no fueron formalmente «admitidos e inspeccionados» al ingresar a Estados Unidos, por lo que no son elegibles para obtener la residencia permanente. Las cortes dicen que los inmigrantes tendrían que reingresar al país para someterse al proceso.
Algunas cortes definieron que el TPS no es una «admisión legal», esto limita que los tepesianos puedan obtener una residencia permanente. La demanda a favor alega que el gobierno ya les reconoció como inmigrantes legalmente presentes en Estados Unidos cuando se les concedió el TPS. El permiso migratorio está vigente desde 2001 para El Salvador.
«Las personas que tienen TPS están aquí porque las circunstancias en su países de origen no son seguras. Muchos tienen a toda su familia en este país», señaló Velasco.
Alianza Américas y HRW expusieron en su documento de argumentos las circunstancias en los países de origen actualmente, las situaciones agravadas por la pandemia de la COVID-19 y las afectaciones de decenas de familias por el paso de los fenómenos naturales Iota y Eta en 2020.
«Ese es otro factor por el que la Corte tiene que considerar que a las personas deberían permitirles poder arreglar su situación migratoria en Estados Unidos, sin tener que regresar a sus países de origen», insistió la directora.
De ser un fallo desfavorable, Velasco explicó que impactaría a inmigrantes que inicialmente ingresaron sin documentos al país y que tendría que buscar otras vías legales para regularizar su situación. Cualquiera que sea la decisión, afectaría a nivel nacional.
Aunque ahora el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, no apoye el caso de los esposos salvadoreños, Alianza Américas continuará trabajando para abogar para que la administración de Biden impulse una nueva asignación del TPS, en la que incluya a las personas que han llegado recientemente a Estados Unidos.
Además, esperan una transformación en el Legislativo, a fin de que puedan respaldar las iniciativas pro-inmigrantes. La Alianza también permanece vigilante sobre el avance de la H.R.6 «ley de promesa y sueño americano», que busca otorgar la residencia permanente con posibilidad a la ciudadanía a los tepesianos, así como la reforma migratoria presentada por el presidente Biden.
Un extenso proceso para la familia salvadoreña
Los esposos salvadoreños José Sánchez y Sonia González solicitaron en 2014 la residencia permanente, sin embargo fue denegada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés). Entonces comenzó su batalla para que, según su petición, se les reconozca su estatus legal en Estados Unidos.
