«El Salvador libre de corrupción. Honestos versus corruptos». Ese fue el lema que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) usó para su encuentro empresarial de 2016, que bajo el nombre de Enade convocaba a los sectores productivos del país y a personalidades de la vida nacional.
«La corrupción no es un asunto de ideologías. La corrupción es un tema de honestos contra corruptos», decía Jorge Daboub, presidente en ese entonces de la gremial empresarial, casi al final de su mensaje de inauguración. Previamente había dicho: «Ya hemos comenzado a ver síntomas palpables de este virus de la corrupción en nuestra sociedad», entre ellos, «el despilfarro de recursos y patrimonio inexplicablemente acrecentado» de gobernantes y funcionarios.
Ese año, el FMLN gobernaba El Salvador por segundo período consecutivo. Los casos de corrupción salpicaban a la primera administración de Mauricio Funes y comenzaban a conocerse en la segunda gestión con Salvador Sánchez Cerén. Daboub, acérrimo crítico del FMLN, aprovechó el estrado principal del Enade para proferir fuertes críticas contra el trabajo de la institucionalidad del Estado: «Leyes defectuosas con dedicatoria y aprobadas de manera poco transparente».
Francisco Flores, expresidente de la república por ARENA, ya guardaba arresto desde antes del desarrollo del Enade 2016, por el caso Taiwán, mientras que Antonio Saca, expresidente de la república por el mismo partido, sería detenido seis meses después acusado de corrupción.
A cinco años de aquel evento, su lema y las palabras de Daboub parecen no estar en sintonía en el interior de la gremial empresarial. La directora ejecutiva de la ANEP, Lorena Selva, calificó recientemente de «persecución política» las detenciones contra exfuncionarios del Gobierno de Funes señalados por corrupción.
En una entrevista matinal dijo que estas capturas son «campaña política que busca más desprestigiar a personas que combatir la corrupción».
Para la directora ejecutiva, «la verdadera prueba de fuego contra la corrupción es la lista Engel», elaborada por Estados Unidos sin investigación judicial.
Dicha lista ha sido cuestionada porque no incluye ningún caso de corrupción de los gobiernos de ARENA y del FMLN, a pesar de haber procesos judicializados y varios prófugos.
«El Congreso decidió dar esta herramienta nueva para combatir la corrupción de hoy», aceptó en una entrevista televisiva Jean Manes, encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador.
Dagoberto Gutiérrez, analista político, ha denunciado que la lista Engel solo responde a la política de Estados Unidos «de sancionar Gobiernos que no le convienen».
Por su parte, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), que también mantiene un discurso contra la corrupción, no comparte las reformas concernientes a la imprescriptibilidad y a la retroactividad en el juzgamiento de los delitos en dicha materia.
El llamado «tanque de pensamiento» no solo rechazó la reforma al Código Procesal Penal, sino que también propuso a la Asamblea Legislativa adecuar la enmienda «para que la aplicación de la imprescriptibilidad surta efectos hacia el futuro desde el día en que entre en vigor», con clara intención de proteger a exmiembros y exfuncionarios del Estado salvadoreño.
El director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades, Luis Mario Rodríguez, ha comparecido ante el seno de una comisión especial de la Asamblea que investiga el pago de sobresueldos.
Rodríguez ha sido señalado de recibir $11,000 mensuales en concepto de sobresueldo mientras fungió como secretario para Asuntos Jurídicos y Legislativos de la presidencia de Antonio Saca, así como de costear con fondos públicos la matrícula de su doctorado en una universidad de Barcelona, España.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), que mantiene una agenda de ataques contra la administración Bukele, también está salpicada en el caso de los sobresueldos. Su director ejecutivo, Roberto Rubio, recibió un sobresueldo de $2,300 cuando formó parte de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND).
Rubio mantiene un discurso contra la corrupción y a favor de la transparencia. Los partidos ARENA y FMLN también censuran las acciones impulsadas desde el Gobierno para combatir la corrupción y la llaman «persecución política».
Ambos están sumergidos en casos de corrupción que ya han conducido a condenas y detenciones; algunos de los implicados se encuentran prófugos de la justicia. ARENA, en boca de su diputado René Portillo Cuadra, ha dicho que ahora el enemigo es el «populismo» y ya no el comunismo, como pregonaban.
Por otra parte, los medios tradicionales «La Prensa Gráfica» y «El Diario de Hoy» ahora parecen ignorar sus espacios editoriales en los que denunciaban periódicamente actos de corrupción de los Gobiernos de Funes y Sánchez Cerén. Los dos, en el pasado, tuvieron una agenda periodística para informar sobre los casos y todas aquellas políticas de los gobiernos del FMLN que comprometían intereses del gran capital nacional y extranjero.
Hoy esa agenda periodística está en el pasado. Ahora abren espacios al partido de izquierda para defenderse de los señalamientos de corrupción que pesan sobre los Gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos prófugos de la justicia con residencia en Nicaragua, algo impensable hasta hace unos años.
De esta forma, los discursos de estas organizaciones «de la sociedad civil» cantan a coro en contra del Gobierno de Nayib Bukele, sin importar que en administraciones anteriores se criticaran entre sí. Ahora hacen un frente común.