Representantes de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos y la Asociación Tutela Legal acudieron ayer ante la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa para exponer sus valoraciones sobre la conformación de la ley de justicia transicional que se analiza.
Ambas instituciones coincidieron en que dicha ley se debe orientar a resarcir moral y económicamente a las víctimas del conflicto armado.
Alejandro Díaz, de Tutela Legal, externó ante los diputados que los casos de crímenes cometidos durante el conflicto armado no deben quedar en la impunidad y que una forma de reparación es esclarecer, procesar y enjuiciar a los perpetradores.
«Los casos de masacres cometidas en el conflicto armado no pueden quedar impunes. Se debe sancionar a los autores intelectuales. La ley debe tener penas carcelarias para los que cometieron esos crímenes», señaló Díaz.
Una de las peticiones que expuso el representante de Tutela Legal radicó precisamente en que se consigne en el nuevo marco legal que los crímenes de lesa humanidad solo podrán ser sancionados con penas carcelarias y bajo ninguna condicionante se aceptará el trabajo de utilidad pública como sustitución.
Además, plantearon la creación de un fondo económico para las víctimas. Este deberá tener rango de ley, consignado en el presupuesto general del Estado anualmente. Pro-Búsqueda detalló ante la comisión que ha cotejado 1,026 casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado; algunas de ellas se han reencontrado con sus familias.
El director de esta institución, Eduardo García, remarcó a los diputados que no tiene afiliaciones ni vinculaciones partidarias y que su único fin es apoyar a las víctimas.
Un aspecto que García señaló es que negar los hechos de la guerra deriva en una revictimización de las personas afectadas, ya que se les niega el derecho a conocer la verdad de cada caso.
Los diputados también escucharon a Francisca Romero, como prueba fehaciente del daño que ocasionó el conflicto armado al perder a su hija de seis meses y recuperarla gracias al trabajo de ProBúsqueda.
«El país está obligado a reparar los daños porque la guerra no la hicimos nosotros. Necesitamos reparación, justicia y conocer la verdad. Queremos que nos tomen en cuenta como víctimas. Los gobiernos pasados no hicieron nada», expresó Romero.
Ella es una de las fundadoras de Pro-Búsqueda y les reiteró a los diputados que las víctimas deben ser la prioridad de la ley para garantizar que esos hechos no se vuelvan a repetir.
La representación de Pro-Búsqueda también planteó la necesidad de crear un banco genético de las víctimas, con el propósito de facilitar el proceso de identificación y reencuentro de los desaparecidos con sus familiares.
A la jornada de trabajo también asistió la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, quien externó las valoraciones que desde esa cartera estatal han hecho referidas a la ley en estudio.
Mira explicó que la ley de justicia transicional se debe homologar con los procedimientos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha creado en lo relacionado con hechos de guerra y conflictos armados en otros países. Los diputados expresaron a todos los invitados que la nueva ley llevará alivio moral y esclarecimiento sobre los hechos cometidos durante los 12 años de conflicto armado.
