El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, blindó al expresidente Mauricio Funes, negando a El Salvador la petición de extradición sin ningún fundamento jurídico, así lo señala el magistrado Óscar López Jerez, presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
«En el caso de Mauricio Funes, yo considero que el presidente de Nicaragua no da ninguna razón legal en su nota donde rechaza extraditar al fulano y mandarlo. Solamente hace ver que tiene asilo político, pero la nota no es muy clara. Lastimosamente en Corte Plena para mi gusto, debió haberse librado un oficio al presidente de Nicaragua pidiéndole aclaraciones sobre esa nota, porque para mí no estaba claro cuál es el estatus quo de Mauricio Funes ahí en Nicaragua y cuál es el motivo real para no extraditarlo», dijo López Jerez.
Según el magistrado, lo que Daniel Ortega hizo fue un fraude de ley, con el fin de evitar la extradición se le otorgó un asilo político de forma exprés y que las autoridades nicaragüenses deberían de revocarle ese asilo ya que es una evasión a la justicia por medio de una figura legal que no debió proceder.
«Yo veo que Mauricio Funes, está atacando bastante al presidente Nayib Bukele, como que tuviera él un techo sólido cuando realmente ni debería estar hablando porque él, mejor hubiese enfrentado la justicia», agregó el magistrado.
Cuando El Salvador a través de la Corte Suprema de Justicia pidió a Mauricio Funes para extraditarlo y procesarlo, en una nota enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el 28 de marzo de 2019, se informa que no es posible acceder a esa petición.
«Se hace del conocimiento que Carlos Mauricio Funes Cartagena, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, de conformidad a la resolución ministerial No. 073-2016 de este Ministerio, les fue otorgado asilo político, con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos», dice la nota.
De esa manera el gobierno de Nicaragua cerró toda posibilidad de extraditar a Funes quien ha argumentado que su caso es una persecución política, pero que en los juzgados es imputado por saquear $351 millones.