El gobierno del fallecido Mauricio Funes [2009-2014], primero del partido FMLN, se caracterizó por ser el principal impulsor de la tregua entre pandillas a las que otorgó todo tipo de beneficios para que disminuyeran la ola de violencia homicida, que luego fue atribuida como «logro gubernamental», pero solo sirvió para dar paso a la más terrible pesadilla que dejó luto a miles de familias salvadoreñas.
Funes, que por casi una década evadió la justicia salvadoreña se mantuvo asilado en Nicaragua desde 2016 hasta que falleció el 21 de enero a las 9:35 de la noche «como resultado de su grave dolencia crónica», según dio a conocer el ministerio de Salud nicaragüense.
La tregua entre pandillas fue publicitada por Funes durante su participación en la 68ª. Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada el 25 de septiembre de 2013, donde aseguró que era una política para reducir la violencia y combatir el crimen organizado en El Salvador.
En su discurso, Funes dijo que bajo su gobierno se habían intensificado los operativos para «reprimir el delito», y que, además, facilitó «un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país suscrito hace dos años (2011), del cual el gobierno solo ha sido facilitador».
El entonces gobernante agregó que gracias al acercamiento que hubo con los criminales se crearon «las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno, de esta forma los planes permanentes de represión y prevención del delito han dado como resultado la reducción de los homicidios en un 50%».
Si bien, tal como lo expresó Funes, el pacto entre grupos terroristas generó una reducción importante en la cifra de asesinatos; sin embargo, los mareros nunca dejaron de matar, las estadísticas oficiales así lo reflejaron, dejando al descubierto que la tregua resultó ser una farsa.
Según informes del Instituto de Medicina Legal (IML), el 2011 cerró con 4,374 homicidios, mientras que, el 2012 lo hizo con 2,594. El siguiente año, 2013, fueron cometidos 2,513 crímenes contra la vida, pero tras la ruptura del pacto entre las pandillas, en 2014, hubo un aumento del 64 % en la cifra de los homicidios, al cierre de ese año se registraron 3,921.
La tendencia de asesinatos se duplicó aún más para el 2015, en el segundo gobierno del FMLN bajo la administración del aún prófugo Salvador Sánchez Cerén, cuando totalizaron 6,656, convirtiéndolo en el año más sangriento en la historia de El Salvador y posicionándolo como la nación más peligrosa del mundo con una tasa de homicidios de 106.3 por cada 100,000 habitantes.
La inseguridad provocada por las pandillas se convirtió en la principal preocupación de los salvadoreños, pues en apenas cinco años [2011-2015] hubo más de 20,000 homicidios.
PANDILLAS CONTROLARON LOS TERRITORIOS
El gobierno de Funes no solo permitió que las maras se organizaran, sino, que tomaran control total de las colonias y comunidades, además el gobierno les designó 11 «municipios santuarios», donde a petición de estas estructuras, se dejaron de implementar operativos policiales.
Fue así como las maras cometieron miles de asesinatos, extorsionaron a empresarios de todos los rubros económicos, violaron niñas, desaparecieron personas y amedrentaron a los pobladores para expulsarlos de sus viviendas.
Ante la pasividad de las autoridades de turno, los terroristas actuaron con total impunidad en las ciudades «santuarios», siendo estas: Ilopango, Santa Tecla, Quezaltepeque, Sonsonate, Puerto de La Libertad, Apopa, San Vicente, Nueva Concepción, Puerto El Triunfo, Ciudad Delgado y Zacatecoluca, luego esta forma de delinquir se propagó a todo el país.
Las pandillas fingieron un desarme parcial de sus integrantes y entregaron armas de fuego a las autoridades de turno como «gesto de buena voluntad», sin embargo, el armamento era viejo y oxidado. La población cuestionó que las armas en desuso y que se trataba de una farsa.
El número de pandilleros se quintuplicó en los gobiernos del FMLN, y pasó de 12,000 que estaban fichados por la Policía en 2009, a más de 70,000 hasta mayo de 2019. Funes legitimó estos grupos criminales y les dio categoría de «Estado paralelo».
CÁRCELES ERAN CENTROS DE OPERACIONES DE LAS MARAS
El sistema penitenciario del país pasó a ser controlado por las pandillas, desde las cárceles salían las órdenes para asesinar y extorsionar a la población honrada.
Las autoridades de ese momento permitieron el ingreso de televisiones, videojuegos, aval para fiestas amenizadas por combos musicales, discomóviles, bailarinas y hasta trabajadoras sexuales.
Como parte de la tregua, las cárceles tenían bajos niveles de seguridad, esto facilitaba el ingreso de drogas, armas y celulares; desde las prisiones los pandilleros efectuaban hasta 10,000 llamadas telefónicas por día.
Además, el gobierno permitió que los terroristas que purgaban condenas en prisiones de máxima seguridad fueran trasladados a cárceles menos rigurosas donde fueron eliminadas las requisas.
MAREROS RECIBIERON ENTRENAMIENTO DE GUERRILLA
Trascendió también que los pandilleros fueron entrenados por exguerrilleros para asesinar a soldados y policías, pues querían seguir los pasos del FMLN que mutó de guerrilla a partido político, según dieron a conocer las actuales autoridades.
La forma en cómo los criminales se atrincheraban en las montañas, el desmantelamiento de campamentos clandestinos donde había armas de fuego, munición, droga, celulares y radios evidenciaron que las pandillas cambiaron su estrategia de ataque, características de los grupos guerrilleros.
Es así como los gobiernos del FMLN permitieron que estos delincuentes accedieran a polígonos de tiro de la Fuerza Armada, entonces bajo el mando de David Munguía Payés, para usar armas y recibir entrenamiento militar.
A pesar de todo el poder que las pandillas lograron acumular con la tregua, ha sido la estrategia de seguridad del presidente, Nayib Bukele, la que acabó de una vez por todas con estos grupos criminales, devolviendo a los salvadoreños un El Salvador más seguro y pacífico.