Las pandillas en El Salvador además de asesinar, secuestrar, violar y extorsionar a gente honrada obligaron por muchos años a cientos de familias, bajo amenazas de muerte a abandonar sus hogares. Así, miles quedaron desamparados o perdieron sus casas y patrimonios. Incluso, en el 2017, el país entró a la lista de las 10 naciones más afectadas en el mundo por desplazamiento forzado interno debido a la violencia criminal.
En el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno (GRID 2018) publicado por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) se reportaron para ese año 327,000 personas que fueron desplazadas por violencia criminal, que incluye homicidios, amenazas y extorsiones, los típicos delitos de los pandilleros. En 2016, el IDMC sumó 220,000 casos de desplazamientos en el país y en 2015 registraba 170,000 personas.
Esos años fueron los más violentos en la historia del país, además de los éxodos, se registraron 23,020 homicidios en el segundo período del FMLN en la presidencia. El 2015 fue el año más violento en la historia salvadoreña ya que se perpetraron 6,600 homicidios. La tasa de este delito alcanzó la cifra récord de 104 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, la mayor a escala mundial ese año.
Un año después, las pandillas provocaron el desplazamiento forzado de familias en varios puntos del país, entre ellos, 20 familias que desalojaron sus viviendas en Sihuetenango, asentado en uno de los cerros del cantón San Isidro, en Panchimalco, al sur de San Salvador, por amenazas que miembros de pandillas difundieron. Meses después, otras 40 familias huyeron del cantón El Cedro del mismo municipio por amenazas de la Mara Salvatrucha.
En septiembre del 2016, otras 40 familias abandonaron sus viviendas ante las amenazas de dichas estructuras en el cantón El Castaño, en Caluco, Sonsonate. En fotografías quedó plasmado como las personas dejaban sus modestas casas y se llevaron sus pocas pertenencias en camiones.
HUIR O MORIR
Agricultores, ganaderos y demás habitantes de El Castaño tuvieron que huir para no morir, ya que los pandilleros les dieron 24 horas para abandonar el lugar por haberse negado a entregar el número de teléfono que habían solicitado a cada uno de los vecinos con el fin de extorsionarlos.
Otro caso de desplazamiento ocurrido en octubre de 2016, es el de aproximadamente 20 familias que desalojaron sus viviendas en los condominios Jardines de las Américas del barrio San Jacinto, al sur de San Salvador luego de recibir amenazas de esa misma organización terrorista.
Dos años más tarde, en 2018, 15 familias abandonaron sus viviendas en la comunidad La Vega, en el municipio de Zaragoza, departamento de La Libertad, según lo confirmó la Policía Nacional Civil. Los grupos de familias se llevaron sus pocas pertenencias en menos de 24 horas.
Hasta 2019, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se registraba que, en las últimas dos décadas, alrededor de 71,500 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador, y desde 2010 a 2018, alrededor de 46,800 salvadoreños solicitaron asilo en diversos países. Algunas ongs, que ahora defienden a pandilleros, se lucraron con estos desplazamientos forzados.
Según el informe de GRID 2018, entre las causas que llevaron a las familias a abandonar sus lugares de residencia está, en primer lugar, las amenazas ejecutadas por pandillas.
Una mejora notable en seguridad
Solo fue hasta el inicio del gobierno de Nayib Bukele, a mediados de 2019, cuando las cifras de seguridad comenzaron a cambiar en el país, esto es atribuido por las autoridades a la ejecución del Plan Control Territorial. Los homicidios, extorsiones y otros delitos tuvieron y siguen registrando una disminución significativa y constante.
La seguridad que se ha expandido en los últimos años ha permitido que el país se posicione como uno de los países más seguros de Latinoamérica, según ha manifestado el presidente Bukele, cuya gestión suma 255 días sin homicidios.
Para este año, la implementación del régimen de excepción ha provocado que la población se sienta aún más tranquila, ya que casi 60,000 pandilleros fueron detenidos y están en las cárceles bajo estrictas medidas de seguridad. Además, las fuerzas de seguridad han reforzado sus acciones para brindar seguridad a la población.
El gabinete de Seguridad ha reiterado que no descansarán hasta erradicar a las pandillas en el país y no permitirán que ninguno de los delincuentes capturados salga libre.
Este ambiente de seguridad se ha visto reflejado hasta en municipios que estuvieron opacados por violencia homicida, extorsiones o el desplazamiento forzado. Por ejemplo, en El Castaño, Sonsonate, la población que un día tuvo que desalojar sus hogares ya volvió, y ahora en el cantón se vive en paz y la gente está feliz por la seguridad que hay.
Ese mismo ambiente se manifiesta en Panchimalco. Las pandillas han desaparecido, los mismos pobladores constatan que las condiciones de inseguridad que sufrieron durante gobiernos anteriores son parte de la nefasta historia en la que varios perdieron a sus hijos, padres o amigos.
Los éxodos provocados por pandillas también disminuyeron. Incluso El Salvador salió, en 2019, de la lista de las 10 naciones con más casos de desplazamiento. Ese año, el país se colocó en el puesto 16 del IDCM (por sus siglas en inglés).
De igual forma, debido a una política no complaciente con los criminales, San Salvador dejó el deshonroso ranking de las ciudades más violentas del mundo en 2019.
«Ahora que en nuestro país se respira felicidad, alegría y tranquilidad, no nos vamos a dormir en nuestros laureles. Las estrategias de seguridad que estamos implementando, y que la comunidad internacional está criticando, tienen el 95% de aprobación por parte de la población», ha afirmado el presidente Nayib Bukele.
Las medidas de seguridad del Gobierno han sido aprobadas por la población. Los resultados de la encuesta de opinión pública desarrollada hecha por CID-Gallup en El Salvador, sobre la percepción de la población a las medidas de seguridad, arrojaron que 95 % de la población aprueba las medidas que el Ejecutivo ha tomado en materia de seguridad y combate frontal a las pandillas.
Las investigaciones señalan que, al menos, en 17 casos registrados hasta el momento, la cantidad de lo robado a las víctimas asciende a $96,000. Los sujetos serán acusados por robo agravado y agrupaciones ilícitas.
La FGR agrego que gracias a las diligencias de lograron determinar que estos sujetos además están involucrados en diversos delitos cometidos entre el 2018 a la fecha, entre ellos homicidio agravado.
«La Fiscalía y la Policía no descansarán en la persecución de criminales, sea quien sea, para que respondan por sus delitos, tal como lo mandata la ley», indicó el ministerio público en un comunicado.
