Durante ocho años, una víctima con régimen de protección estuvo pagando $50 mensuales a extorsionistas de la Mara Salvatrucha, pero en el 2021 denunció el caso para que los capturaran y al llegar a vista pública, los condenaron a 15 años con seis meses de prisión.
Se trata de José Guillermo Reyes Gámez y Leonel Antonio Hernández Flores quienes enfrentaron el juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada.
En la vista pública se conoció que los extorsionistas bajo amenazas obligaron a la víctima a estarles entregando la cuota mensual que iban a traer a la casa.
Pero el 2 de octubre de 2021 los delincuentes irrumpieron la vivienda de la persona denunciante para informarle que debía entregar $5,000 de una vez, dinero que debía reunir con toda su familia.
Para generarle miedo, los dos extorsionistas se hicieron acompañar de otros dos hombres quienes llegaron armados, según lo expuso la Fiscalía General de la República durante el juicio.
Ante la exigencia y amenaza, la víctima junto a su familia decidió irse de la casa y trasladarse a otras zonas residenciales para no ser localizados por los extorsionistas.
Al mismo tiempo denunció el hecho para que policías especializados en investigación de extorsiones bajo la dirección de la Fiscalía retomaran el caso y se hicieran diligencias de investigación para identificar a los imputados.
Desde que la denuncia fue interpuesta, la víctima colaboró con las autoridades para la investigación y su declaración fue clave para que el tribunal los declarara responsables.
Segunda condena
En el caso del terrorista Leonel Antonio Hernández Flores, es la segunda condena que acumula por el delito de extorsión, en noviembre de 2022 recibió 16 años de cárcel por extorsionar y amenazar a víctimas para que abandonaran sus viviendas y así apropiárselas en el municipio de Apopa.
La Fiscalía dijo que el terrorista ha sido el responsable de causar graves daños a los habitantes de la colonia Popotlán 1 de ese municipio. En el 2020, exigió a una familia el pago de $400 mensuales a cambio de no causarles daño; sin embargo, en enero del 2021, les exigía que ese pago lo debían entregar cada 15 días.
Pero como las víctimas manifestaron que no tenían esa capacidad de pago, el terrorista otorgó un plazo de dos horas para que abandonaran su vivienda. Ante esas acciones fue condenado por los delitos de extorsión agravada y limitación ilegal a la libertad de circulación.
