Es innegable el entusiasmo y la alegría cívica que todos los salvadoreños tenemos por las elecciones de diputados y concejos municipales que se realizarán el 28 de febrero de 2021.
Sin embargo, dicha alegría se ve opacada para un sector político y un alto número de simpatizantes, derivado de las recientes declaraciones o manifestaciones que se dieron en una entrevista matutina por parte del magistrado propuesto por el partido FMLN, Julio Olivo, en la cual señaló: «Como que hay cordones con todos los que son opositores al gobierno».
Dicha frase surge después de que el magistrado Olivo manifestó: «Hay una patrulla de la Policía que anda rondando mi casa», declarándose así opositor al gobierno en turno, y, por tanto, al partido político que lo llevó.
Ello trae una implicación sumamente riesgosa a la credibilidad del manejo en las elecciones de 2021 de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), principalmente cuando en la inconstitucionalidad 19-2016 se señaló que «la atribución de funciones jurisdiccionales al TSE implica que todos sus magistrados deben ser independientes». Independencia que se ve claramente cuestionada hacia el magistrado Olivo, no solo en el tiempo y por diversos medios de comunicación, sino también por la misma presidenta del TSE, quien, en un comunicado, señaló: «El manejo de las cuentas oficiales del TSE desde la administración anterior responde a cierta inclinación ideológica, no debiendo ser utilizada para promover posiciones personales de ningún magistrado». Esa respuesta fue dada en alusión a las declaraciones del magistrado Olivo de ser opositor del gobierno.
La consecuencia de lo señalado en los párrafos anteriores es la ruptura a la imparcialidad con la que actuará el magistrado Olivo en los casos en que tenga que pronunciarse del partido que el gobierno es afín, y del cual es opositor, lo que implica que dicho magistrado deberá apartarse de conocer esos casos, o el partido —cuyo riesgo de ser juzgado con parcialidad es inminente— deberá recusarlo —apartarlo— en cada ocasión en la que deba intervenir.
La oposición al gobierno del magistrado Olivo se puede desprender no solo de no compartir sus fines, sino la ideología política con la que el titular de la presidencia de la república llegó en 2019, lo cual es más grave aún, sobre todo por la obligación y prohibición que la jurisprudencia constitucional ha impuesto sobre los magistrados del TSE, que es «deben estar obligados únicamente por la Constitución y las leyes, de modo que no deben tener ningún tipo de identificación de compromiso político-partidario». Como también se dijo en las sentencias de inconstitucionalidad 7-2011, 49-2011 y 77-2013, además de ser «una incompatibilidad con su ejercicio si tal situación se advierte una vez electo el funcionario». Ello es así porque si el magistrado hoy cuestionado posee dicha vinculación, sería sin duda un conflicto de intereses u obstáculo para la realización de su cargo, lo cual dañaría la credibilidad de su persona y del partido que lo eligió como magistrado, sino la misma institucionalidad del TSE.
Por tales razones, y en relación con la imparcialidad, es necesario recordarle al magistrado Olivo lo que la jurisprudencia constitucional señala: «La mejor garantía de cumplimiento del principio es el compromiso personal de cada juzgador con una práctica permanente de autocontrol, de la capacidad para mantenerse a distancia y resistente ante las influencias ajenas al derecho sobre su decisión».
