Estar afiliado a ARENA tiene sus privilegios, según hemos presenciado con el comportamiento del sistema de justicia en los últimos años. Norman Quijano y Ernesto Muyshondt negociaron con pandillas su apoyo en las elecciones presidenciales. Hay videos y testimonios que muestran no solo las reuniones entre estos dos dirigentes de ARENA con criminales dedicados a extorsionar y a asesinar. Hay imágenes incluso de los fajos de billetes, de miles de dólares, con los que compraron el respaldo de esos grupos delincuenciales.
Sin embargo, ninguno de los dos fue condenado por esas actividades. Ambos son candidatos. Quijano incluso sorteó el dictamen favorable de desafuero de una comisión de antejuicio y ahora busca un puesto en el exilio dorado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Muyshondt busca la reelección como alcalde de San Salvador, donde, además, impulsa un contrato con la empresa que ya hizo un negocio de videovigilancia en Santa Tecla. El alcalde tecleño, el también arenero Roberto d’Aubuisson, perdió un juicio por la destitución ilegal de un centenar de empleados municipales; además, tiene reparos de la Corte de Cuentas y dos procesos judiciales abiertos. Está en franco desacato a una resolución judicial, y también es candidato a la reelección.
Sobre Margarita Escobar hay documentos con su firma que certifican que recibió sobresueldos ilegales durante el gobierno de Antonio Saca, encarcelado tras ser condenado por corrupción. Aunque en un principio Escobar dijo que se le pagaba por su capacidad, últimamente prefiere negar lo que ya todos sabemos. De igual manera, su candidatura fue avalada por tres, y no cuatro, magistrados del Tribunal Supremo Electoral. También busca la reelección en la Asamblea Legislativa.
El último caso conocido es el del alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, quien fue detenido por peculado, es decir, por apropiarse de fondos públicos. En este caso, alimentos comprados por el gobierno para los salvadoreños más necesitados, afectados por la pandemia de la COVID-19. Sin ningún escrúpulo, tomó los paquetes de comida y llenó bolsas más pequeñas. En cada una puso su fotografía. Y aunque fue evidente que hacía campaña con ello, el Juzgado de Instrucción de Ilopango lo exoneró en un proceso exprés. Seguirá siendo candidato a la reelección por ARENA.
La bandera tricolor se convirtió en un poderoso blindaje, en una garantía de impunidad. Esta patente de corso solo es posible por la permisividad de las autoridades subordinadas a los partidos políticos. Eso, sin duda, debe cambiar.
