Diferentes periodistas muy críticos del Gobierno han afirmado a escala nacional e internacional que las últimas reformas del Código Penal limitan su trabajo a la hora de informar sobre las pandillas en El Salvador y que hacerlo los podría enviar a la cárcel.
Carlos Dada y Óscar Martínez, ambos del medio digital «El Faro», han construido la narrativa de que los cambios a la ley coartan la libertad de expresión y que no se pueden difundir noticias sobre los grupos criminales.
Marcela Pineda, diputada de Nuevas Ideas, explicó que las reformas no están enfocadas en frenar el trabajo de los periodistas, ni tampoco los limita a informar sobre cualquier hecho de violencia que estos grupos delictivos generen.
La legisladora detalló que pueden seguir difundiendo noticias siempre y cuando no lo hagan como voceros de las pandillas, difundan mensajes que provoquen zozobra o si las noticias refieren con detalles el cometimiento de algún delito, prácticas habituales para «El Faro».
Las reformas consignan penas carcelarias a quienes difundan imágenes o contenidos producidos o presuntamente producidos por pandilleros.
A criterio de Pineda, y bajo la óptica jurídica, la publicación de cualquier hecho noticioso, investigación o libro no es sujeto de penas carcelarias, como afirman ciertos periodistas.
