El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, permanecerá cerrado hasta el 7 de diciembre debido a que todo el personal está contagiado de COVID-19, según un oficio enviado a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El presidente de dicho tribunal, José Luis Giammattei, quien aparece firmando el documento le informa al presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, que desde este 25 de noviembre se les ha mandado a cumplir cuarentena hasta el próximo 7 de diciembre.
En el desarrollo de la diligencia, el tribunal notificó a fiscales, defensores y acusados que el juicio entra en un receso por un plazo de diez días, como lo establece el Código Procesal Penal.
El juez Giammattei, al momento de suspenderla expresó que la vista pública se reiniciará hasta el próximo 4 de diciembre, para no declararla interrumpida y porque no se contaba con el personal necesario para continuar con el desarrollo de la diligencia.
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En la vista pública, además de Salazar Umaña, son enjuiciados el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, junto a Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Nohemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta.
En el caso hay otros cuatro imputados, pero el año pasado el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, los separó de la causa penal, se trata de Wilfredo Guerra Umaña y su esposa Tránsito Ruth Mira de Guerra, así como a Miriam Haydee Salazar de Umaña; hijo, nuera y esposa del exalcalde de Metapán; también, José Adán Salazar Martínez, hijo de «Chepe Diablo».
La vista pública comenzó el pasado 26 de octubre y hasta este miércoles ya la Fiscalía había expuesto sus alegatos iniciales, así como la presentación de todos sus testigos de cargo.
También los abogados defensores habían planteado su estrategia a seguir y ofrecido sus testigos de descargo, solo les queda pendiente un testigo con el que se cerrará la prueba testimonial para que luego comience a presentarse la declaración de seis peritos de la Fiscalía, cada uno podría declarar un día completo.
El Ministerio Público señala que, con una pericia financiera contable que se tiene, como principal prueba en el expediente, se va probar que los imputados supuestamente lavaron $138 millones. La vista pública programada para dos meses se prolongará debido a la gran cantidad de prueba que tiene el expediente.
