El Gobierno de Perú, mediante su recién acreditada embajadora Fátima Trigosa, invitó al Gobierno del presidente Nayib Bukele a participar en la reunión de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que se desarrollará en ese país sudamericano el 12 de septiembre próximo para conmemorar el vigésimo aniversario de dicho cónclave, nacido el 3 de junio de 2002 por los Estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dicha convención —ratificada por El Salvador en mayo de 2003— señala que el terrorismo es una amenaza para los valores democráticos, la paz y la seguridad de las naciones. El artículo 3 de esta faculta que cada Estado, de «acuerdo con sus disposiciones constitucionales», podrá «adoptar las medidas necesarias» para el combate del terrorismo, así como «el establecimiento en su legislación interna de penas» carcelarias para ese tipo de hechos.
En El Salvador, el Gobierno del presidente Bukele utiliza el Plan Control Territorial y el régimen de excepción para combatir a las pandillas, las cuales en agosto de 2015 fueron declaradas organizaciones terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del período 2009-2018.
«Son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla 18 o mara 18 y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado […], control territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones que componen la justicia penal, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella; en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas”», declaró la sala en su resolución.
Desde el 27 de marzo del presente año está en vigor el régimen de excepción, y Casa Presidencial informó el lunes pasado que con esa medida constitucional se ha logrado la captura de 48,494 terroristas que han causado daño a la población salvadoreña. Asimismo, las autoridades han incautado 1,198 armas de fuego, 1,427 vehículos, más de $1 millón en efectivo de las actividades ilícitas de los mareros y pandilleros y más de $230,000 en droga.
Los partidos ARENA, FMLN, Nuestro Tiempo y VAMOS no han dado sus votos para mantener el régimen de excepción y continuar la guerra contra los grupos terroristas. En años anteriores, los dos primeros —partidos tradicionales— les ofrecieron beneficios económicos a los cabecillas de pandillas a cambio de obtener apoyo electoral.
