El Gobierno de Perú extendió por 45 días más el estado de emergencia en 13 distritos de la provincia de Lima y un distrito en la provincia de Callao, ante el aumento de los homicidios, extorsión y tráfico ilícito de drogas.
El primer estado de emergencia fue impuesto en septiembre por las extorsiones de parte de los grupos criminales a las empresas de transportistas; sin embargo, la medida culminó el 26 de noviembre, por lo que las autoridades decidieron prolongarlo hasta inicios de 2025.
Los distritos en los que rige la medida son Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador de la provincia de Lima, y en el distrito de Ventanilla de la provincia del Callao.
Aunque el ministro de Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que el estado de emergencia ha logrado reducir las cifras de criminalidad, los datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) señalan lo contrario.
«La forma de combatir la violencia y criminalidad, específicamente el delito de extorsión, es con las denuncias. La policía está obteniendo resultados de las denuncias», detalló durante una entrevista en el programa peruano Punto Final.
El analista de datos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Juan Carbajal, publicó, con resultados de Sidpol, que las denuncias por homicidios aumentaron el 5.8 % de enero a octubre de este año, en comparación con el mismo período en 2023.
Hasta el mes pasado, en Perú hubo 2,027 denuncias por homicidios, mientras que el acumulado de 2023 llegó a 1,915.
En el caso de las denuncias por extorsiones, el ascenso se detecta desde julio del corriente año, con 489 demandas. Para agosto subió a 562, para septiembre a 649 y octubre cerró con 796 denuncias.
«¿Dónde está esa reducción?», cuestionó Carvajal.
En el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú «mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas», explica el decreto.
