El estallido social en Perú retomó fuerza ayer hasta alcanzar un punto crítico, con graves enfrentamientos entre manifestantes y policías en los que hubo al menos cinco muertos más, bloqueos en carreteras principales y una cantidad de heridos que puso a los hospitales en alerta roja. Aunque el Gobierno de Dina Boluarte trató de frenar el descontento social adelantando las elecciones de 2024 y declarando el estado de emergencia la madrugada de ayer, el cansancio político en el país andino no cesó. Los manifestantes piden la salida de Boluarte, la liberación del expresidente Castillo y un nuevo Congreso.
Hasta ayer por la noche, la cifra de fallecidos en las protestas ascendía a siete. Dos de ellos, de 16 y 26 años, se registraron en la provincia de Chincheros, región de Apurímac. Además, un hombre de entre 35 y 40 años murió en los enfrentamientos en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa.
En Chincheros, en respuesta a los fallecidos por la represión policial, los manifestantes atacaron la sede policial e incendiaron la oficina de la fiscalía. Mientras que en el aeropuerto, al menos 2,000 manifestantes tomaron la pista de aterrizaje, destruyeron la infraestructura de seguridad e incendiaron la caseta de control.
El aeropuerto evacuó a todas las personas, suspendió operaciones y canceló los vuelos. «Ante esta situación y como parte de nuestro protocolo de seguridad hemos procedido a evacuar a todas las personas que se encuentran en nuestra terminal aérea y comunicar el cierre del aeropuerto, con la finalidad de garantizar la seguridad operacional», compartió en un comunicado Aeropuertos Andinos del Perú.
Debido a la zona de conflicto, la aerolínea Latam también canceló sus operaciones desde y hacia esta ciudad. La Universidad Nacional de San Agustín, situada en Arequipa, suspendió las actividades académicas y administrativas presenciales. Las jornadas continuarán en línea hasta el 16 de diciembre.
Tras una reunión con el Consejo de Ministros, el Gobierno declaró ayer por la tarde el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes del departamento de Apurímac. «La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas», definió el Ejecutivo.
Además, están suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal.
Dentro de cinco días hábiles posterior al estado de emergencia, la policía deberá presentar al Ministerio del Interior un informe de las acciones en el régimen de excepción.
Durante la madrugada de ayer, la presidenta Boluarte ya había invocado el estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social en Apurímac, Arequipa e Ica, en el sur del país, tras la muerte de dos manifestantes el domingo.
CASTILLO DESCONOCE A PRESIDENTA BOLUARTE
El expresidente de Perú Pedro Castillo compartió una carta desde prisión en la que dejó claro que no renunciará al cargo frente al Ejecutivo y desconoció a Dina Boluarte como nueva mandataria. Castillo se encuentra en la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en Ate, desde el 7 de diciembre, después de haber sido detenido por el fallido golpe de Estado. «Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista. ¡Basta de abusos!», escribió el político de izquierda.
TOMAN DE REHÉN A COMISIONADO
La Policía Nacional del Perú informó ayer que un grupo de manifestantes tomó como rehén al comisionado de San José del distrito de la Joya (Arequipa) en las protestas contra el Gobierno. Las autoridades tuvieron que negociar con los protestantes para poner en libertad a otros que habían sido arrestados a cambio del oficial. «Tras las manifestaciones registradas en los exteriores de la comisaría rural Pedregal, en Arequipa, fue retenido un efectivo policial. Informamos que dicho efectivo se encuentra en buen estado», señalaron.