Los expresidentes de la república Alfredo Félix Cristiani Burkard, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén tienen mucho en común: habrían desfalcado fondos públicos o recibieron bonos y los tres huyeron del país para evitar ser procesados, ya que sin su presencia las causas penales automáticamente pasaban al archivo.
Sus casos estaban encaminados a la impunidad, ya que el Código Procesal Penal solo permitía llevar a cabo audiencia inicial sin que estuvieran presentes, y la audiencia preliminar que define si un imputado va a vista pública no se podía instalar.
Pero las enmiendas de la normativa procesal penal pusieron fin a esos vacíos y los tres exmandatarios serán sometidos a juicios y podrían ser hasta condenados con abogados que el Estado les proporciona para que ejerzan la defensa.
Cristiani Burkard es reclamado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador por comisión por omisión en el delito de asesinato en perjuicio de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
El 12 de marzo de 2022, en la resolución que emitió el Juzgado Tercero de Paz, se ordenó su captura, ya que no compareció al llamado para ser notificado del caso y tampoco envió a un abogado que lo representara; con esa acción demostró que no está dispuesto a someterse al proceso, y la única manera de hacerlo comparecer es capturándolo, afirmó el juez.
Para que lo representen, la Procuraduría General de la República recibió el 19 de octubre de 2022 un oficio para que se le nombrara defensor público, y se designaron a dos abogadas.
«Vamos a ejercer la defensa, pero nosotras no tenemos entrevista de él. A raíz de las nuevas reformas para procesar a personas como reos ausentes, si no nombra abogados particulares, nosotras vamos a ejercer la defensa en todo el proceso hasta el juicio», afirmó una de las abogadas de Cristiani Burkard.
En cuanto al expresidente Mauricio Funes, los siete procesos judiciales que tiene activos en diversos juzgados de San Salvador los enfrentará también en su calidad de reo ausente.
Las causas penales iniciadas entre el 27 de junio de 2018 y el 17 de diciembre de 2020 son por los delitos de peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero.
En todos esos expedientes desde el principio ha estado ausente, y los jueces comunes y especializados de la capital ya habían comenzado a archivarlos. Uno de los cuales había sido separado de la causa y declarado rebelde fue el conocido como Saqueo Público, el cual fue el primero de los procesos judicializados.
Mientras que en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador es procesado el expresidente Salvador Sánchez Cerén en su calidad de vicepresidente de la república en el mandato presidencial de Mauricio Funes.
La Fiscalía acusa a este «nicaragüense» de haberse favorecido con sobresueldos. Junto con nueve exfuncionarios supuestamente se apropió de $2,643,000 entre 2009 y 2014.
Sánchez Cerén es acusado de lavado de dinero por un monto de $530,000 que supuestamente recibió en concepto de sobresueldos.
El exmandatario también tiene otro proceso que fue iniciado en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador junto con dos empresarios, 16 exempleados y exfuncionarios de su Gobierno.
Fiscales del Grupo Contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República han dicho que Sánchez Cerén y demás acusados de peculado y lavado de dinero sustrajeron de la presidencia de la república $183,860,715.
Según la Fiscalía General, en esta causa penal contra Sánchez Cerén se trata de una compleja red creada en el interior de Casa Presidencial para apropiarse de dinero que el Ministerio de Hacienda transfirió para la partida de fondos reservados de la presidencia y que fueron desviados hacia particulares y empresas que no tenían ningún vínculo comercial con el Estado.