El presidente electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, asumirá oficialmente las riendas del Ejecutivo el 7 de agosto. Un día en el que tomará un país donde la violencia política subió un 70 % en 2021, en comparación con el año anterior, y en el que las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) convirtieron al territorio en uno de los más mortíferos del mundo para los manifestantes. De no desmantelar al escuadrón, la represión continuará este año, proyecta el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).
El estudio de ACLED «10 conflictos por los que hay que preocuparse en 2022» en Colombia reveló que aunque el país conmemoró el año pasado el quinto aniversario de los Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ni la Administración de Juan Manuel Santos ni la de Iván Duque aplicaron plenamente los mecanismos del acta firmada, lo que repercutió en la vida de los civiles afectados por la violencia.
Entre los mecanismos se encuentra la protección de los excombatientes y un plan integral de reforma rural, que tiene como objetivo culminar con la desigualdad en la tenencia de la tierra y modificar el sistema agrario, pero según el Instituto Kroc, encargado de monitorear las disposiciones del pacto, este es el punto que menos ha avanzado, ya que solo se ha completado un 4 % de lo comprometido. Petro prometió en campaña que la reforma sería esencial para su estrategia de paz.
Este panorama provocó en 2021 un aumento del 70 % en la violencia política organizada en el país sudamericano, en comparación de 2020. Casi la mitad de 1,090 eventos registrados fueron ataques contra civiles. Este es el mayor índice de violencia detectado en el país desde la cobertura de ACLED, en 2018.
El despliegue del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo agravan la situación conflictiva en Colombia. Sin embargo, ese no es el único indicador alarmante del informe, ya que destaca que la violencia también se volvió más mortífera en 2021.
ACLED registró más de 1,000 muertes cuando un año atrás eran menos de 800 los fallecidos. Del total, el 80 % fueron civiles, la mayoría eran líderes sociales o miembros de grupos vulnerables.
De acuerdo con el documento, los grupos armados suelen enfrentarse en las zonas rurales cercanas a las aldeas de agricultores o en las comunidades indígenas y afrocolombianas. «Si bien 2020 fue un año especialmente mortífero para los líderes sociales, el número similar de asesinatos en 2021 indica poca o ninguna mejora en las medidas de protección para estos grupos. Estos ataques selectivos se centraron principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquía», expone.
La crisis social se complicó entre abril y julio con manifestaciones masivas en todo el país en respuesta a las propuestas de reformas fiscales de Duque, el descontento por las políticas sociales, de salud y educación; un cansancio por la falta de protección a líderes sociales y la plena aplicación del Acuerdo de Paz.
Las protestas estaban compuestas y lideradas por jóvenes, estudiantes y grupos indígenas
En mayo, en el punto álgido de los disturbios, ACLED identificó más de 900 actos de manifestación en todo el país, el 80 % fueron pacíficos y no se registraron casos de violencia ni de actividad destructiva por parte de los manifestantes, pero la «respuesta del Gobierno fue mortal».
El personal de seguridad -sobre todo, el ESMAD- empleó una fuerza letal para reprimir los disturbios antigubernamentales y las protestas pacíficas, lo que hizo que Colombia fuera uno de los lugares más mortíferos del mundo para los manifestantes. Según los informes, más de 100 manifestantes sufrieron heridas en los ojos tras ser alcanzados por proyectiles policiales durante las concentraciones.
Las fuerzas estatales también mataron a varios transeúntes en medio de los disturbios y aunque el gobierno de Duque solo reconoció 24 muertes directamente relacionadas con las manifestaciones, ACLED rastreó más de 80 víctimas mortales.
El estudio destaca que si no existe una reforma al escuadrón SMAD «es probable – que en 2022 – continúe la represión de los movimientos de oposición y las protestas lideradas por las organizaciones de la sociedad civil».
Uno de los casos que siguen sin esclarecerse es el Cristian David Castillo, un hombre de 26 años que murió tras recibir un disparo de gas lacrimógeno de parte del patrullero del ESMAD, Gonzalo Moreno Gordillo. Las investigaciones señalan que la víctima fue impactado en el cráneo durante el paro nacional en 2021.
Petro, de la coalición Pacto Histórico publicó en su programa de Gobierno que el ESMAD será desintegrado y se enfocará más en «el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos»; sin embargo, durante una entrevista a inicio de junio con la emisora FM no reafirmó su intención de eliminarlo.
