La comisión de justicia y derechos humanos conversó ayer con el equipo técnico de la Procuraduría General de la República (PGR), que expuso sus opiniones técnicas relacionadas con la propuesta de las reformas a la Ley Especial de Ocursos de Gracia.
De acuerdo con los representantes de la PGR, los indultos son avalados en la Constitución de El Salvador, pero la prioridad debe ser el reconocimiento de los derechos de las víctimas por encima de los derechos de los victimarios. Las reformas incluyen que los delitos relativos a la administración pública (corrupción), los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la pertenencia a las pandillas no serán indultables en ninguna de sus formas.
El recurso del indulto, jurídicamente hablando, lo otorga la Asamblea Legislativa cuando el sentenciado demuestra una conducta meritoria para que su pena se elimine, ya sea cuando cumple la mitad de esta o las dos terceras partes.
«La PGR vela por el derecho de las víctimas, por eso les planteamos que deben reconocerse sus derechos. Esto se encuentra hasta en el derecho internacional», mencionó Carlos Avilés, director de Asuntos Jurídicos de la PGR.
Por su parte, Manuel Merino, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la PGR, explicó a los diputados que si bien es cierto los indultos son potestad de la Asamblea Legislativa, es esta quien debe regularlos jurídicamente.
«La Constitución, si bien los autoriza a emitir gracia de indulto a favor de un sentenciado, también los obliga a ustedes a regularlos. Los indultos no pueden entregarse de forma antojadiza», agregó.
Los juristas expusieron que los indultos están consignados en la Carta Magna, y también limitan cuando el o los delitos transgreden el derecho internacional, por tanto, quedan minimizados.
