Además de la responsabilidad penal, la jueza que conoció del caso emitió una condena de responsabilidad civil que obliga a los nueves imputados encontrados responsables a pagar entre todos, $14,000; mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) deberá cancelar $10,000.
El abogado Arnau Baulenas quien ejerció la acusación particular en representación de la madre de la víctima, desde que el caso fue judicializado, dijo que la Policía debía responder por los daños y perjuicios causados.
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«Se ha declarado que ha habido una violencia simbólica en la modalidad de violencia institucional por parte de la Policía Nacional Civil, esto es algo relevante y es algo que nosotros sostenemos desde el minuto uno, no importó la vida de Carla, importaba más donde estaba el carro patrulla, donde estaba ´Samurai´ y hubo una invisibilización», sostuvo el querellante tras el fallo judicial.
Según el abogado, con la resolución judicial la PNC deberá revisar la malla curricular de la Academia Nacional de Seguridad Pública y las capacitaciones que se imparten a los agentes; la Policía tendrá que otorgar atención sicológica a los familiares de Ayala, entregar dos computadoras para que los hijos de la agente puedan seguir sus estudios en la modalidad virtual y entregarles becas para que continúen su educación.
