La Fiscalía General de la República (FGR) informó el sábado que ordenó la captura del expresidente del Banco Salvadoreño de Desarrollo (BANDESAL), Juan Pablo Durán Escobar, acusado de delitos en la administración pública.
La captura se concretó la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional, según imágenes difundidas por el ministerio Público.
Durán, separado de su cargo en marzo de 2022, es acusado de los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio (dar o recibir sobornos) informaron fuentes allegadas al ministerio público.
La FGR informó en su cuenta X que tras la separación de Durán del cargo recibió información por parte del Gobierno para iniciar una investigación que dio como resultado la detención del exfuncionario.
«En las próximas horas será remitido ante un juzgado competente para que enfrente la justicia», indicó el ministerio público en la red social.
El presidente de la república, Nayib Bukele, por su parte, sostuvo que la detención del exfuncionario es la continuación de la guerra contra la corrupción anunciada el pasado 1 de junio.
«En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en BANDESAL, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades», escribió Bukele en su cuenta X.
El jefe de Estado reiteró su compromiso de cero impunidad al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participaron de actos de corrupción.
«El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntase a esperar su turno», sentenció el gobernante en la red social.
Contra corruptos
El presidente Bukele lanzó el 1.º de junio pasado —en el marco del cuarto año de Gobierno— la guerra contra la corrupción, al iniciar un proceso de investigación y decomiso de bienes adquiridos ilícitamente por el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard (ARENA) quien se encuentra prófugo para escapar no solo de dar cuentas por los fondos estatales que usó en beneficio propio, sino también para evadir su responsabilidad en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en noviembre de 1989.
Producto de esa cruzada contra la corrupción, el Estado salvadoreño ha recuperado más de 85 millones de dólares, entre bienes, cuentas y empresas de Cristiani Burkard, apenas una fracción de lo que el prófugo se habría apropiado de los fondos públicos, ya que una buena parte fue sacada del país y pasada a nombres de terceros o se modificó su propiedad de tal manera que sea muy difícil la recuperación.
La lucha contra la corrupción ha decomisado, además de bienes al expresidente Cristiani Burkard, y detenido a funcionario públicos como Nercy Montano, alcaldesa de Soyapango y los diputados Erick García y Alberto Romero, este último del partido ARENA.
