El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador aplazó hoy la audiencia preliminar en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes y 13 imputados a quienes la Fiscalía General de la República acusa de lavar $6.5 millones.
El juez Roberto Arévalo Ortuño, notificó a los fiscales, defensores e imputados que comparecieron, que la audiencia no se podía realizar porque está pendiente que sean presentados cinco peritajes que él autorizó como diligencias útiles de investigación.
«Al reprogramar la audiencia no se está alargando el plazo de Instrucción porque no se van a realizar nuevas diligencias ya que las pericias ya habían sido ordenadas», dijo el juez.
Fueron siete pericias las autorizadas por el juez y según se ha informado, hasta la fecha se han entregado dos consistentes en un valúo de inmuebles y una extracción de información de equipo informático.
En el análisis del valúo de cinco inmuebles una experta ha dicho que exfuncionarios del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), los devaluaron para favorecer a la sociedad Terrein S.A. de C.V. propiedad de Reyes.
En la conclusión de esa pericia se menciona que los exjefes del Ipsfa aplicaron una política de devaluación de precio para que Reyes cancelara hasta $60 menos por cada vara cuadrada.
Mientras que la pericia de extracción de información a equipos tecnológicos decomisados a los imputados cuando fueron detenidos en febrero del año 2020, fue solicitada para buscar información relacionada a los delitos acusados.
El juzgado está a la espera de que presenten otras cuatro pericias entre las que hay análisis financiero contable que definirá el monto lavado por los imputados.
La acusación
La Fiscalía General de la República procesa a los 14 imputados por los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero y ha ofrecido como prueba 115 testigos y las seis pericias.
El principal acusado en el expediente es Sigfrido Reyes, el exlegislador asilado en México, tiene orden de captura desde febrero de 2020, cuando en la audiencia inicial se dijo que hay suficientes elementos de prueba sobre la supuesta sustracción de dinero de la Asamblea Legislativa disfrazados de viáticos, configurándose así el peculado [apropiarse de bienes de Estado].
La Fiscalía ha establecido desde el inicio que el exdiputado se valió de su cargo para enriquecerse ilícitamente pues al depositar y retirar ese dinero de los bancos incurrió en un blanqueo de dinero.
Supuestamente entre los años 2006 al 2019, lavó $781,844.77, pero al sumar los montos entre todos los acusados, el ministerio público sin contar con el análisis financiero contable menciona preliminarmente $6.5 millones.