Con motivo de la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, por el caso Beatriz y Otros vs. El Salvador, que se ventiló esta semana, deseo compartir algunas opiniones. Lo primero, el conglomerado de derechos, que llamamos «derechos humanos», es todavía una materia que está en formación. No está terminada y debe revisarse periódicamente en beneficio de las mayorías.
Esta situación nos obliga a atender lo que las fuentes internacionales establecen como los grandes fundamentos para llevar hasta los marcos jurídicos de los Estados miembros, precisamente ideas tan complejas como la legislación y las garantías que revisten a los derechos humanos. En este caso en particular, uno de los pilares fundamentales debe ser algo que la Convención Americana ha establecido, esto es el reconocimiento que los Estados parte de la Convención otorgaron explícitamente a la protección a la vida desde el momento de la concepción.
En el sentido de lo anterior, es necesario resaltar que las personas que acusan al Estado en este caso plantean una única forma posible de balance entre los derechos de las mujeres y de los seres humanos que están por nacer. El problema es que en esa ecuación se pretende eliminar a uno de los lados de esa balanza, y esto dicho en otras palabras es anular los derechos de una nueva vida, en aras del reconocimiento de otros derechos. En ese sentido, el fallo sobre este caso será trascendental para la comprensión de los derechos humanos en El Salvador y en el continente americano.
El Salvador y un nuevo enfoque Dejo ahí el caso señalado y aterrizo el tema en nuestro país, donde no solo las consideraciones ya mencionadas sino el derecho a la vida han sido el gran eje o pilar en torno al que se ha estructurado toda una nueva visión de gobierno y de Estado para responder a los grandes vacíos sociales que arrastra nuestro país. El Salvador ha vivido décadas muy lamentables en materia de derechos humanos, que han estado marcadas por la desatención histórica del Estado a las necesidades de la población. Frente a esa realidad, El Salvador ha avanzado en los últimos dos años con enormes pasos en la aplicación de políticas; que en forma general tienen como eje principal a la persona y de la persona, la vida.
De este valor supremo se desprenden todos los demás, que se concretan en los servicios públicos que requieren los ciudadanos: la educación, la salud, la justicia, la seguridad, la dignidad, la libre expresión, etcétera. En este sentido, el presente Gobierno ha establecido muy claramente sus prioridades, y a partir de ahí se ha ido implementando un nuevo enfoque para el resarcimiento y la creación de condiciones para los grupos más vulnerables como la niñez en todas sus fases —incluyendo la gestación—, la juventud, la maternidad, etcétera, todas de manera integral y complementaria. En atención a estos derechos, y el compromiso del Estado con las mayorías más desprotegidas, este Gobierno impulsa un marco legal, como la ley Nacer con Cariño, la ley Crecer Juntos, la ley Especial de Adopción y el programa Amor Convertido en Alimento, por citar algunos.
En otras áreas, como la economía, lo laboral, la seguridad ciudadana y tantas más, se ha tenido presente como centro el rescate de los derechos de los salvadoreños. Esta es la condición que en tan poco tiempo y con tanto éxito el presidente Nayib Bukele ha venido a corregir y restituir. La visión de este Gobierno es devolver, en la mayor medida posible, los derechos de la población que estaban secuestrados en un arreglo político. El hecho de que tantas escuelas llegaran a intolerables condiciones de abandono, así como hospitales, y en general casi todos los servicios públicos del país, es una muestra de esa situación.
Las cosas ahora están cambiando, las instituciones están en favor de las personas y los recursos están siendo canalizados directamente donde es más necesario. Las amplias políticas sociales, que nuestro Gobierno ejecuta, están orientadas a la disminución de la exclusión, la desigualdad y la injusticia histórica, que nos llevaron a ser uno de los países más violentos del mundo.
Ahora avanzamos en otra dirección. Como responsables de la ejecución de las políticas públicas en El Salvador debemos comprender la importancia suprema de los derechos de las mayorías y en particular de los más vulnerables, nuestros niños. La mejor forma de defender a una nación de sus verdaderos enemigos, que son la exclusión, la desigualdad y la injusticia, es mediante la defensa de los derechos de la población. Por ello, este es un momento importante para nuestro porvenir como nación y como continente. El Salvador, y Latinoamérica en su conjunto, ha pasado por mucho como para continuar postergando la deshumanización, la violencia y la injusticia social.
La vida es un valor que no podemos, como actores jurídicos e instituciones, colocar debajo de ninguna otra cosa. Actuar de otra manera es condenar a nuestras naciones a la miseria moral y a la deshumanización de las políticas públicas, una situación de la cual, con mucho esfuerzo, estamos saliendo y por lo que debemos evitar retornar a la tan lamentable realidad que provoca la distorsión de los derechos de los más vulnerables.
