El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador reprogramó, hoy, el fallo en contra de Nelson Rauda Portillo y Rodil Fernando Hernández, exdirectores de Centros Penales en los gobiernos del FMLN entre 2012 y 2017, por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta en el marco de la tregua entre pandillas.
Durante el juicio de esta semana se conociendo las declaraciones de seis testigos de Fiscalía, por lo que dicho tribunal había programado para que la tarde de este viernes se conociera el fallo del caso.
Rauda dirigió la institución entre el 7 de febrero de 2012 y el 31 de mayo de 2013; mientras que Rodil Hernández, estuvo al frente de Penales del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2017.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) los períodos auditados a la institución comprenden entre 2012 y 2014, en las que se acusa a Rodil Hernández por un monto de $121,238.69; mientras que a Rauda por un total de $87,154.50 que sumados dan como resultado $208,393.19 que corresponden solamente a gastos de inteligencia de los cuales no tenían respaldo.
En este proceso penal el ministerio público señaló a los exfuncionarios de utilizar el dinero de las tiendas penitenciarias para pagar sueldos, sobresueldos, préstamos personales y pago de bonos por un monto de $3.2 millones.
Respecto a la reprogramación del fallo, el fiscal del caso, Omar Aguilar, explicó que «el tribunal ha manifestado porque no ha arribado a un fallo y que todavía se encuentran revisando la cantidad de pruebas que se ha revisado en este juicio; por nuestra parte consideramos que el caso está debidamente robustecido».
Por su parte, el abogado defensor de los exdirectores, Manuel Chacón, dijo: «No ha terminado de hacer el estudio correspondiente por la cantidad de pruebas que tiene el proceso y todavía están deliberando con la información que tienen cuál va a hacer el resultado».
Señalamientos
Se presume que ambos imputados ordenaron desembolsos de dinero de los fondos de las tiendas institucionales para fines que no establece la Ley y no administraron de forma correcta dichos fondos.
Asimismo, la FGR, presume que los exdirectores de Centros Penales ordenaban que se emitieran cheques, supuestamente para la Inteligencia del Estado, pero las pericias concluyeron que no existe informe o persona que haya recibido dinero.
La Fiscalía asegura que entre 2011 y 2016 Centros Penales desvió fondos de las tiendas institucionales para financiar al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Uno de los testigos presentados por el ministerio público para sustentar su acusación fue el exministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien habría recibido fondos de las tiendas penitenciarias para pagos de Inteligencia. El exfuncionario dijo que cuota mensual que rondaba entre los $2,000 y $2,500.