En el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, el Grupo Contra la Impunidad (GCI) presentó la investigación final (dictamen de acusación) en contra de cuatro fiscales asignados en diferentes oficinas y unidades, así como dos empleados administrativos.
Los fiscales procesados por privación ilegal de libertad realizada por empleado o funcionario público, omisión de la investigación y falsedad documental agravada son: Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres.
Mientras que los empleados administrativos de la Fiscalía acusados son: Edwin Geovanni Hernández Gutiérrez y Damián Cabrera Bernal. Ambos son señalados por peculado [apropiarse de bienes del Estado] de $400 mil.
Los seis procesados fueron testigos criteriados en el caso conocido como «Corruptela», donde el principal mencionado es el exfiscal general, Luis Martínez, por el delito de cohecho [sobornos].
Los cuatro fiscales han formado parte de la institución desde hace 22 años y han estado en diversas áreas y unidades especializadas. Estuvieron en la Unidad de Patrimonio Privado, en la Unidad contra el Crimen Organizado y en la Dirección de Intereses de la Sociedad, tuvieron cargos como coordinadores y jefes de esas unidades.
El 4 de junio del año 2019, los acusados renunciaron al criterio de oportunidad ante el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador y manifestaron que el exfiscal Douglas Meléndez los obligó a criteriarse.
En el expediente penal conocido como «Corruptela» el ministerio público procesa a 30 personas, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, el exfiscal Luis Martínez, los empresarios Enrique Rais y Aldo Vinicio Parducci Meléndez.
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«Corruptela» es calificado por la Fiscalía como un caso complejo donde se ejecutaron varias actividades en las que hubo de por medio otorgamiento de dádivas para favorecer a funcionarios como Funes y empresarios¸ entre ellos Enrique Rais, a quienes Luis Martínez ordenó supuestamente no procesarlos tras recibir dinero y bienes.
«Se ha trabajado un dictamen de acusación que tiene 892 páginas, se han agregado diligencias que se han venido recabando y han sido recolectadas y puestas a disposición ahora ante al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador. Está finalizada la investigación y solicitamos que el caso pase a la fase plenaria de juicio y se discuta para considerar la situación jurídica de los acusados», dijo uno de los fiscales del GCI.
