La reunión es «para analizar las modificaciones que en los próximos días se presenten, como una iniciativa de ley que reforme el presupuesto 2021», cuya aprobación fue suspendida este lunes por el Congreso, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Giammattei dijo que el nuevo plan de gastos priorizará salud, desnutrición infantil, seguridad, justicia, educación y reactivación económica, dejando de lado el combate contra la pobreza, que afecta a 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, una de las demandas de la población.
El encuentro, celebrado en el antiguo palacio de gobierno, duró unas tres horas y participaron asociaciones civiles, centros de investigación, el sector empresarial, iglesias evangélicas y representantes de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.
Como representantes del gobierno, acudieron el presidente y otros altos funcionarios, incluido el ministro de Finanzas (Hacienda), Álvaro González, responsable del fallido proyecto de presupuesto.
Giammattei no mencionó en su discurso las manifestaciones ni la quema de oficinas de la sede del Congreso el pasado sábado, cuando la policía reprimió las protestas, incluidas algunas pacíficas y a las que asistían menores de edad.
El gobierno mantendrá encuentros con otros sectores. La cita de este martes tuvo un traspié porque tres organizaciones declinaron participar por disconformidad con el formato del diálogo.
El proyecto presupuestario original desató indignación y rechazo en diferentes
sectores, que reclamaron que no tomaba en cuenta la lucha contra la pobreza y tampoco destinaba suficientes recursos a educación y salud.
Tras la aprobación del texto, miles de manifestantes exigieron de forma pacífica la renuncia de Giammattei, mientras un grupo de unas 100 personas incendió parte del Congreso.
La policía lanzó gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos, entre ellos niños.
Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la OEA y un grupo de países y organizaciones cooperantes con Guatemala lamentaron la represión y llamaron a un diálogo para buscar una salida a la crisis.
La oenegé Human Rights Watch criticó este martes la excesiva represión policial y pidió una investigación.
El Congreso unicameral, dominado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, había aprobado la semana pasada el presupuesto para 2021 propuesto por el Ejecutivo, de unos 12.800 millones de dólares. Pero dio marcha atrás en su decisión ante la ola de rechazo popular.
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Con la suspensión del trámite, los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que rige en 2020, por unos 10.390 millones de dólares.
Siguen protestas
Aunque las manifestaciones han bajado de intensidad, dirigentes indígenas se congregaron este martes frente a la Casa Presidencial, la antigua sede del gobierno y el Congreso, para exigir la renuncia del mandatario y los diputados
«Que el presidente renuncie, ya hemos recibido tantos atropellos por parte de él, de todos los diputados (…) y que es lo que han hecho, burlarse de nosotros», lamentó una dirigente indígena al dar un discurso en la manifestación.
«Tenemos que luchar y si ellos no nos van a escuchar el pueblo tomará otras decisiones, siempre nos tienen marginados», comentó otro dirigente. Los indígenas representan más del 40% de la población.
Los manifestantes también exigieron el cierre del llamado Centro de Gobierno, un «superministerio» creado por Giammattei y dirigido por un amigo personal suyo.
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Otro grupo criticó al mandatario porque «solo hablará del presupuesto» en la reunión y no de la precaria situación que vive el país por la pobreza, la pandemia del coronavirus y el azote de los ciclones Eta e Iota, que este mes dejaron una estela de muertos y desaparecidos en toda Centroamérica.
La indignación de la población se centra también en el manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, así como el débil combate a la corrupción.
El mandatario ha sido criticado por su propio vicepresidente, Guillermo Castillo, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.
El Congreso aprobó en marzo préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas 15% de esos recursos llegó a la población, según datos oficiales y de oenegés fiscalizadoras.
Datos del Ministerio de Salud indican que el coronavirus ha dejado 4.099 muertos y casi 120.000 contagios en el país.
