El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invocó la Ley de Emergencias este lunes 14 de febrero, con el objetivo de reprimir a los manifestantes que cerraron algunas zonas de Ottawa y varios cruces fronterizos con EE. UU., protestando contra las medidas adoptadas por este país para combatir la pandemia de la COVID-19.
Trudeau informó por la mañana a su gabinete sobre la intención de invocar estos poderes especiales, lo cual sienta un precedente ya que es primera vez que se emplea dicha legislación, la cual reemplazó a la Ley de Medidas de Guerra en 1988.
«Después de discutir con el gabinete y el caucus, luego de consultar con los primeros ministros de todas las provincias y territorios, el gobierno federal invocó la ley de emergencias para complementar la capacidad provincial y territorial de abordar los bloqueos y las ocupaciones», anunció Trudeau en una conferencia de prensa.
Los poderes de la Ley de Emergencias buscan «reforzar» la capacidad de las fuerzas del orden para multar y encarcelar a los manifestantes, según el primer ministro. La ley se aplicará con más fuerza en áreas de «infraestructura crítica», como aeropuertos y cruces fronterizos. Trudeau añadió que también garantiza «servicios esenciales», como el remolque de camiones utilizados para bloquear carreteras y autopistas.
«Además, las instituciones financieras estarán autorizadas a prestar servicios esenciales para ayudar a abordar la situación, incluida la regulación y prohibición del uso de la propiedad para financiar o apoyar bloqueos ilegales», agregó Trudeau.
El primer ministro describió el uso de la Ley de Emergencias como un «último recurso».
Chrystia Freeland, ministra de finanzas de Canadá, dijo más tarde que los bancos y otras instituciones financieras en Canadá tienen la autoridad para «dejar temporalmente de brindar servicios financieros cuando la institución sospeche que una cuenta se está utilizando para promover bloqueos y ocupaciones ilegales. Esta orden cubre tanto las cuentas personales como las corporativas».
Las plataformas de financiación colectiva, que los manifestantes han utilizado para sostener sus protestas y bloqueos estarían sujetas a la aplicación de las «reglas de Canadá contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo», dijo Freeland.
«Estos cambios cubren todas las formas de transacciones», dijo. «Los bloqueos ilegales han puesto de relieve el hecho de que las plataformas de financiación colectiva y algunos de los proveedores de servicios de pago que utilizan no están totalmente incluidos en los ingresos de la Ley de Financiamiento del Terrorismo y el Crimen».
Los manifestantes del autodenominado «Convoy de la Libertad» han cerrado partes del centro de Ottawa durante aproximadamente tres semanas debido a las medidas restrictivas de la COVID-19. La organizadora del convoy, Tamara Leach, dijo el lunes que los manifestantes continuarán «manteniendo la línea» contra la represión del gobierno canadiense.