La tarde de este domingo 2 de mayo, la primera vicepresidente del Legislativo, Suecy Callejas, publicó un resumen sobre las causas legales de destitución de la Sala de lo Constitucional.
Callejas punteó primeramente que una de las causas fue por «emisión de sentencias que limitaron las facultades indispensables para el control de la pandemia de la COVID-19 en El Salvador.
Asimismo, se refirió a la modulación de sentencias para justificar decisiones arbitrarias que ocasionaron la violación de derechos y garantías en el ámbito constitucional.
La funcionaria subrayó en el irrespeto al principio de legalidad como límite a las actuaciones de todo funcionario público; además señaló que la Sala da los Constitucional invadió las funciones propias de otros Órganos del Estado.
Para la primera vicepresidente de la Asamblea Legislativa, la Sala «se convirtió en un súper poder frente al Legislativo y Judicial, quebrantando el equilibro del Estado de Derecho».
Callejas finalizó su explicación aseverando que los diputados de Nuevas Ideas representan a los salvadoreños y se deben a ellos, «no a cuna cúpula económica ni partidaria».
«Continuaremos trabajando para limpiar nuestra casa de funcionarios con intereses contrarios al bienestar del pueblo», aseguró Suecy Callejas.
Destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional
El pasado 1° de mayo, con 64 votos a favor, la Asamblea Legislativa destituyó, después de una votación nominal y pública, a cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y sus cinco suplentes.
La acción fue atribuida a que los magistrados emitieron una serie de resoluciones que pusieron en peligro la vida de la población durante lo más crítico de la pandemia por COVID-19, a través de arbitrariedades y fraudes de ley.
Según lo descrito en la pieza de correspondencia, «la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema Legislativa (CSJ), actuó de forma ilegal durante pandemia del COVID-19, tergiversando la Constitución a través de sentencias de inconstitucionalidad. Los magistrados fallaron en favor de la actividad lucrativa de las empresas, dejando en segundo plano la vida humana, a pesar de ser este el derecho fundamental del cual emanan el resto de derechos constitucionales».