Cada mes, la Asamblea Legislativa desembolsa $19,751 para alquilar oficinas departamentales; es decir, son más de $237,000 al año para pagar por casas ubicadas en los departamentos para que los diputados reciban a los habitantes de la zona, a sus representados. Pero para sentirse a gusto también contratan personal, asignan gastos de mantenimiento y la lista sigue creciendo.
¿Para qué le sirve al pueblo salvadoreño que la Asamblea Legislativa gaste casi un cuarto de millón de dólares proveniente de los fondos públicos en alquilar 13 viviendas? Hasta ahora, cuando los diputados reciben visitas, lo hacen en sus despachos en los edificios legislativos en el Centro de Gobierno. Con la tecnología actual, es fácil que alguien envíe un correo electrónico a los diputados para presentar sus inquietudes, gestionar una visita o pedirles que, como parte de su trabajo territorial, lleguen a las comunidades. ¿Para qué necesitan una oficina y el personal a cargo si, además, solo la podrán utilizar un par de veces al mes, pues la mayor parte del trabajo de los diputados debe ser en la Asamblea Legislativa? Han sido elegidos para hacer leyes, para legislar.
En todo caso, cuando se le solicitó a la Asamblea Legislativa el detalle de las visitas de los diputados a las oficinas departamentales, la respuesta fue que la información no podía ser brindada porque «contiene datos personales de los asistentes». ¿Son secretas o simplemente no existen esas reuniones? Tampoco quiso compartir el perfil de los empleados y la cantidad que cada una de estas dependencias tiene en la actualidad. El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, denunció que esas oficinas se han convertido en la fábrica de empleos de los presidentes de la Asamblea, comenzando por Norman Quijano, de ARENA, quien impulsó el proyecto, y siguiendo con Mario Ponce, del PCN, que lo continuó. Gallegos dice que Ponce les ha otorgado plazas legislativas a sus simpatizantes en la sede de Cojutepeque.
¿Y de quiénes son los inmuebles donde funcionan estas oficinas departamentales de la Asamblea, por las que se pagan hasta $2,050 al mes, tal es el caso de la que está ubicada en la colonia Santa Mónica, de Santa Tecla? La Asamblea Legislativa se niega a presentar las copias de los 13 contratos de arrendamiento. ¿A quién protege? ¿Dónde están los defensores de la transparencia cuando se denuncian abusos y despilfarros como estos? ¿O es que están muy ocupados coordinando con los diputados sus campañas de desgaste?