El incremento patrimonial no justificado que funcionarios o políticos habrían tenido antes de 2010 no se conocerá, porque la Sección de Probidad de la Corte Suprema Justicia (CSJ) ha priorizado la investigación de los casos vigentes.
El magistrado Leonardo Ramírez Murcia aseguró que la Comisión de Ética y Probidad tomó la decisión de priorizar los casos no prescritos. «Esto se llevó a Corte Plena, que avaló la decisión, de los casos prescritos hay muchos que están avanzados en su investigación. Pero al margen de eso nos interesa resolver los casos que no están prescritos», explicó.
«Dedicarse a descubrir la información financiera de aquellos que ya fenecieron y dejar de investigar a los activos y, al final, también prescriban es el dilema que tiene la comisión de Probidad», dijo Murcia. Esto es parte de la justificación para dejar decenas de casos en el olvido.
Cada año, las entidades que velan por la transparencia o incluso los partidos políticos critican que los casos parecen estar archivados o congelados, ya que no presentan ningún avance. Solo en 2020, al menos 137 casos prescribieron, es decir, pasaron 10 años, el plazo límite que establece la Constitución, desde que se presenta la declaración patrimonial de cese de funciones, por lo que ya no pueden ser juzgados.
Entre los exfuncionarios con casos prescritos está el exsecretario de la Juventud y expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) César Daniel Funes Durán, quien fungió en los cargos entre 2004-2006 y 2006-2008, respectivamente. Otro caso es el del actual diputado Rodrigo Ávila Avilés (ARENA), quien fungió como director de la Policía Nacional Civil, entre 2006 y 2008.
Otros de los favorecidos con la prescripción son Miguel Ernesto Lacayo Argüello, exministro de Economía; Eduardo Antonio Zablah Touché, ex secretario técnico de la Presidencia; y Yolanda Mayora de Gaviria, exministra de Economía.
Otro es el expediente del fallecido Julio Humberto Rank Romero, quien fue secretario de Comunicaciones en la presidencia de Antonio Saca, con quien compartió celda acusados de corrupción, y cuya declaración de cese de funciones fue presentada el 31 de mayo de 2009.
Murcia aseguró que la Corte Plena comenzó a recibir desde 2017 y parte de 2018 «una avalancha de peticiones de investigar a funcionarios de uno y otro lado, casi como estrategia política de ellos, y nos atiborraron a nosotros de casos».
NIEGA QUE RETRASO SEA POR INTERÉS POLÍTICO
El magistrado aseguró que todos estos expedientes generaron que la sección se sobrecargara y se originara el retraso. También rechazó que sea por algún interés político o interno, como lo han mencionado en repetidas ocasiones organizaciones civiles.
«Respecto a algún interés, rechazo cualquier insinuación. Reconozco que en ciertos momentos ha habido exceso de justificaciones de acciones que han retrasado. Pero no deben atribuirse a un interés, aunque alguien lo pueda tener y que por eso tratara de meter algunos temas para obstaculizar, no tiene la suficiente capacidad un solo o dos magistrados para detener el trabajo de Probidad», detalló. Murcia aseguró que mientras más antiguos sean los casos es más complicado para la banca brindar la información actualizada.
«En la gran mayoría, los casos ya rebasan 10 o 15 años. Además, las contabilidades y los sistemas contables autorizan o están facultados a destruir los registros que ya no son necesarios», justificó.
TRASLADAR CASOS A TRIBUNALES AÚN NO ESTÁ DECIDIDO
En agosto de 2019, trascendió que la solución para no dejar en abandono los expedientes prescritos fue revisar algunos casos caducados, y así examinar las presuntas irregularidades, que de no ser justificadas esas riquezas, se remitiría a los exfuncionarios a los tribunales civiles para que la Fiscalía General de la República investigara el presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, ya pasaron 16 meses y Murcia aclaró que está decisión aún está pendiente de revisión, por lo que no ha sido avalada en Corte Plena.
Murcia aseguró que, pese a la carga de trabajo, la complejidad de los casos y el limitado recurso humano, el reto de la Sección de Probidad es no dejar que los casos vigentes lleguen a prescribir. Hasta la fecha hay 312 casos.
«Desde hace seis meses hemos venido priorizando en ello, en diciembre sacamos algunos casos donde se declaró que no había indicios de enriquecimiento ilícito. Ya estamos a la espera de que Corte Plena abra el telón para que empecemos a desfilar los casos», mencionó el magistrado.
