Una compleja estructura integrada por pandilleros, abogados, personas particulares, exempleados estatales y un inspector de la Policía se apropió de 23 inmuebles deforma fraudulenta, los legalizó con documentos falsos y luego los vendió estafando a los compradores.
Con ese dinero instaló dos empresas de renta de vehículos.Con esas acciones cometieron nueve delitos, que el Juzgado Especializado de Instrucción B deSan Salvador está conociendo y cuya resolución está pendiente.
Los 65 procesados fueron detenidos en diciembre de 2019 tras una investigación que comenzó en 2017. Durante dos años, se verificaron 59casos, entre los que hay cuatro homicidios, falsedades materiales, falsedades ideológicas, estafa agravada, lavado de dinero, proposición y conspiraciónen el delito de homicidio, agrupaciones ilícitas, acceso indebido al sistema informático y acusación calumniosa.
«Esta es una estructura criminal fuera de lo común. Hay personas que son civiles, hay personas allegadas a la pandilla 18 Revolucionarios y también, personas que han utilizado a las instituciones como la Policía Nacional Civil y el Centro Nacional de Registros», dijo la fiscal del caso.
La estructura adquirió los inmuebles mediante falsedades materiales e ideológicas y estafó a las personas. El dinero que ingresó de las estafas fue invertido en dos empresas dedicadas al alquiler de vehículos.
«Lo que hacían era que lavaban el dinero. Compraban carros y también con esos a futuro lo que hacían era estafar personas, vender vehículos que eran robados. De esa forma, ellos obtenían dinero para alimentar a la pandilla», agregó la representante del ministerio público.
Un testigo criteriado, contactado por la Fiscalía que accedió a colaborar, ha explicado la forma en la que se ejecutó cada uno de los hechos. El testigo ha relatado que se apropiaron de los inmuebles que estaban deshabitados, ya que sus dueños permanecían fuera del país o se los entregaban en arrendamiento.
Supuestamente elaboraban documentación falsa de las propiedades y luego extendían compraventas con la ayuda de los abogados que formabanparte de la estructura. Las pesquisas han revelado que en algunos casos entregaban documentos fraudulentos a las personas a las que la estructura les prestaba dinero. Dejaban constancia de los préstamos mediante una compraventa, pero no se hacía un mutuo hipotecario solo se plasmaba que ese inmueble le quedaba a esta por la cantidad del préstamo.
Pero ocurrió que los inmuebles no eran propiedad de las personas a quienes les prestaban el dinero y cuandolos dueños los reclamaban se encontraban con la información de que ya no estaban a su nombre, pues con la ayuda de tres empleados del Centro Nacional de Registros eran puestos a nombre de los pandilleros, y los verdaderos propietarios quedaron estafados.
En cuanto al proceder criminal con los vehículos, los investigadores detectaron que los integrantes de la red visitaban negocios de renta de carros para alquilarlos. De manera que mientras el contrato duraba, aprovechaban para publicar en internet que las unidades estaban en venta. Cuando finalizaba el período de arrendamiento, los propietarios reclamaban el vehículo, pero ya había pasado a otra persona que lo había comprado a la estructura pandilleril, y ahí se generaba otra modalidad de estafa, segúnla acusación fiscal.
