El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso penal conocido como «Saqueo Público» y envió el expediente penal contra 31 imputados, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, al Juzgado Octavo de Instrucción.
La jueza Séptimo de Instrucción se excusó para seguir diligenciando la causa argumentando que ella ya entró a conocer de fondo del caso por haber condenado a Regina Cañas o «Tía Bubu» a tres años,
por el delito de casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero, el pasado 23 de marzo.
La excusa fue revisada por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador y los magistrados avalaron que el expediente pase al Juzgado Octavo de Instrucción que es administrado por Mario Osmín Mira Montes.
El proceso fue enviado al Juzgado Octavo de Instrucción hace unos 15 días, pero todavía se continúa revisando para darlo oficialmente por recibido. En «Saqueo Público», el expresidente Mauricio Funes, es acusado por la Fiscalía General de la República de haber creado una red sofisticada para sustraer de Casa Presidencial más de $351 millones durante su administración, comprendida entre los años 2009 al 2014.
El plan criminal expuesto por el Ministerio Público en la carpeta judicial que consta de más de 683 piezas se menciona que en el mandato de Funes se utilizaron gastos reservados de la Presidencia, incrementándolos para luego sustraerlos de forma ilícita de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público.
Según la Fiscalía, a la gestión presidencial de Mauricio Funes, la Asamblea Legislativa le asignaba $80,818,285, pero los cinco años de su gestión, se caracterizaron por estar solicitando refuerzos presupuestarios mediante notas al Ministerio de Hacienda.
Esa estrategia de pedir refuerzos le permitieron al expresidente Funes que le trasladaron inicialmente $54 millones, pero como el 25 de agosto del año 2010 la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia en una sentencia, declaró ilegal ese mecanismo de traslado de fondos públicos, Funes supuestamente creó su propio mecanismo simulando en gastos imprevistos y otras instituciones del Estado, según se destaca en el voluminoso expediente judicial que sigue sin avanzar de la fase de instrucción.