La causa penal que la Fiscalía General de la República le promueve al expresidente de la Asamblea Legislativa, Othón Sigfrido Reyes Morales y tras 13 personas se extendería por tiempo indefinido ya que al menos tres pericias no estarán terminadas cuando finalice la fase de instrucción la primera semana de junio.
El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, confirmó que hasta la fecha los expertos no le han entregado ningún adelanto de los peritajes y que solo le dijeron es bastante complejo.
El juez no cree que los estudios que los expertos están realizando estén listos para cuando culmine el plazo de instrucción. De ser así los fiscales y los peritos pueden solicitar que se otorgue una prórroga de la etapa de investigación.
En octubre del año pasado se comenzaron a juramentar los peritos, la primera diligencia que hicieron cuatro peritos fue la extracción de información de los aparatos electrónicos decomisados a los imputados.
La Fiscalía solicitó al juez la realización de auditorías financieras contables, exámenes especiales y valúo de los inmuebles que fueron vendidos a una de las sociedades Reyes Morales constituyó supuestamente con su socio Byron Larrazábal, con el fin de obtener el monto exacto de lo que habrían blanqueado.
El expresidente de la Asamblea Legislativa, supuestamente lavó $781,844.77, pero entre los 14 hubo un blanqueo de $6.5 millones, según lo establecido de forma preliminar el ministerio público en el expediente.
Los fiscales pretenden además de la pericia financiera contable, un valúo de los inmuebles vendidos a las sociedades TERREIN S.A. de C.V., EKO LIME S.A. de C.V. y LUBBEX S. A. de C.V., entidades que según la acusación fueron creadas para darle apariencia de legal a los fondos ilícitos.
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El ministerio público señala que TERREIN S.A. de C.V., EKO LIME S.A. de C.V, se fundaron entre el 2011 al 2015, años en los que Reyes Morales, fungió como presidente de la Asamblea Legislativa. Los representantes de la Fiscalía han dicho que el expresidente del congreso habría creados las sociedades para legalizar el dinero que salía en concepto de viáticos del Órgano Legislativo.
El Juzgado Sexto de Instrucción también autorizo una pericia que investiga el patrimonio de tres exempleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa).
Los expertos indagan el perfil económico de René Antonio Díaz Argueta, exgerente general de esa entidad, Delmy Beatriz Vela Jiménez, exjefa del Departamento de Inmuebles y Jeny Elizabeth Medina, excoordinadora de ventas.
Básicamente se busca establecer si los tres imputados tuvieron un beneficio económico para facilitar la venta de cinco lotes en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, a la empresa Terrenos e Inversiones (TERREIN S.A. de C.V) propiedad de Sigfrido Reyes y Byron Larrazábal.