Este lunes, en el salón de los Constituyentes de la Asamblea Legislativa fue presentada la pieza de correspondencia que contiene la iniciativa de ley para autorizar la suscripción del contrato del primer asocio público privado en El Salvador.
El proyecto se ejecutaría en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el cual podrá ampliar su capacidad de carga.
A la presentación asistieron los presidentes de: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, del Organismo Promotor de las Inversiones en El Salvador (PROESA), Salvador Gómez, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y los diputados y diputadas que integran la comisión de Economía de la Asamblea Legislativa.
Anliker explicó que este proyecto está muy lejos de ser una privatización de la terminal de carga salvadoreña, como muchos sectores de la oposición han querido ver.
«No es una privatización. El activo siempre pertenecerá al Estado salvadoreño, la soberanía y la autoridad. Acá estamos hablando del financiamiento, del diseño, de la ampliación de la terminal de carga», explicó.
El proyecto incluye dos fases, en la primera se duplicará la capacidad de carga, y la segunda permitirá triplicarla, y en esa fase se contemplará la construcción de una nueva terminal de carga.
El presidente de PROESA, Salvador Gómez, detalló que como institución están listos para ejecutar este proyecto. Mencionó que permitirá atraer nuevas y mejores inversiones a El Salvador.
«El presidente Nayib Bukele nos pide apoyar estos proyectos. Para nosotros es un honor poder apoyar este proyecto, que es el primero en el país», destacó.
Por su parte, el diputado Rodrigo Ayala también reconoció que la iniciativa permitirá generar más empleos, mejorar la economía local y dinamizar las fuentes de trabajo.
«Sabemos que etas mejoras van a generar beneficios a la población, generar nuevas inversiones y maximizar las exportaciones que estamos teniendo», destacó.
El proyecto se contempla para un plazo máximo de 35 años, y donde el Gobierno de El Salvador tendrá la autonomía máxima sobre el total del proyecto, descartando así un proceso de privatización.