El presidente Nayib Bukele anunció durante su discurso del cuarto año de Gobierno que profundizará el proceso de cambios que comenzó con su llegada al Ejecutivo. Dos de estos cambios son grandes transformaciones político-administrativas: la redistribución de los municipios, que dejarán de ser 262 a 44, y la reducción de la cantidad de diputados que integran la Asamblea Legislativa.
El tercer elemento es la guerra contra la corrupción, impulsada, además, con las reformas legales que impiden que prescriban los delitos relacionados con los malos manejos y el robo de los fondos públicos.
Es decir que no bastará que pasen 10 años (como sucedía en los gobiernos de ARENA y del FMLN) para que los desfalcos de las arcas del Estado (entre otros actos corruptos) se dejen de investigar. Bajo la nueva modalidad, no importa cuándo se cometió el delito, mucho menos quién haya sido: el brazo de la justicia llegará y se hará todo para que verdaderamente haya devolución de todo lo robado.
Los tres elementos están íntimamente relacionados y significan buenas noticias para los salvadoreños, que ahora verán más recursos disponibles para obras sociales.
La creación de 44 grandes municipios, donde las actuales municipalidades van a funcionar como distritos, además de la reducción de 20 diputados de la Asamblea Legislativa, generará un ahorro anual de $250 millones, fondos que se invertirán en proyectos para beneficio de la sociedad.
Las primeras acciones para recuperar parte del dinero que el primer presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, sustrajo de las arcas del Estado ha empezado a dar frutos, gracias al decomiso de propiedades, vehículos y empresas que fueron fundadas después del paso de Cristiani por el Gobierno, al que llegó en quiebra y en la ruina, pero del que salió multimillonario.
Al igual que otros expresidentes corruptos, como Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén (del FMLN), Cristiani huyó del país para no enfrentar la justicia.
En su defensa, hemos visto a políticos de ARENA, del FMLN, NT y VAMOS criticar este proyecto de reformas que profundizan los cambios en la sociedad salvadoreña en beneficio de los ciudadanos.
Lo que une a la oposición es su deseo de recuperar los privilegios y la impunidad con la que se protegieron después de saquear al Estado. El pueblo, sin embargo, está comprometido con el proyecto político del presidente Bukele, convencido por las evidentes mejoras.
