El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, presentaron el pasado martes en la Asamblea Legislativa (AL) tres piezas de correspondencia para continuar con las medidas para contener la crisis inflacionaria impulsadas por el Gobierno.
En este contexto, el ministro Zelaya indicó en una entrevista televisiva, ayer, que la prórroga fue aprobada el mismo día y que fue extendida por 50 días, los cuales inician este 1 de septiembre y finalizan el próximo 20 de octubre.
«Creo que estas iniciativas son importantes para continuar soportando la crisis», dijo el funcionario. Sin embargo, explicó que «la crisis global no depende de nosotros porque no producimos petróleo», y que la situación se agrava con la guerra entre Rusia y Ucrania debido a que son productores de hidrocarburos y potencias de abastecimiento de alimentos a escala mundial.
Las medidas que continúan vigentes por ley, contemplan la suspensión del impuesto de dos contribuciones especiales, el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE) que reduce en $0.16 el galón de gasolina súper y regular y la Contribución al Transporte (Cotrans) que implica una reducción de $0.10 por cada galón de combustible.
Asimismo, continúa vigente el decreto transitorio para fijar los precios de los combustibles, la ampliación del subsidio al gas propano, la estabilización de tarifas de pago del transporte público y la eliminación de aranceles a 20 productos de la canasta básica.
El ministro recalcó que estas acciones permiten que el país se ubique entre los tres con menor inflación en Latinoamérica. «Es sumamente esperanzador que nuestro país se mantenga como uno de los tres países con menor inflación de América Latina. Hemos salido a tomar decisiones adecuadas que han tenido un efecto directo en los índices de precios que consumen todos los salvadoreños», añadió.
Además, el titular de Hacienda indicó que el costo fiscal de las medidas por cinco meses ha sido de $260 millones, $50 millones en promedio por mes.
Por último, valoró que dichas acciones han tenido un «impacto positivo» debido al despliegue para su cumplimiento de instituciones de Gobierno coma la Defensoría del Consumidor, Ministerio de Economía (Minec) a través de la dirección de Hidrocarburos y Minas, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Hacienda.