Como parte de las 11 medidas antiinflación que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha adoptado, la vigilancia de los precios de los alimentos ha sido una prioridad para evitar los incrementos injustificados promovidos únicamente con fines especulativos, por lo que una de las acciones fue suspender temporalmente el pago de impuestos a una lista de alimentos indispensables para la población.
Además, un decreto legislativo especial fijó el precio de los combustibles para evitar los aumentos en cascada no solo de los alimentos, sino también de todos los productos que se transportan desde el lugar de producción o cosecha hacia los centros de distribución, los mercados y, en definitiva, el consumidor final.
Para hacer cumplir las medidas antiinflación fue necesario el despliegue de brigadas de la Defensoría del Consumidor que verificaron que, en efecto, se respetaran los precios regulados, en el caso de los combustibles, y no se incrementaran los precios de los alimentos.
La ejecución de las medidas y la posterior vigilancia han rendido frutos. La Defensoría del Consumidor anunció que ya se reportan reducciones en el precio de alimentos de consumo masivo, como los quesos. En este sector se detectó y se detuvo el intento de aumentar injustificadamente el precio aprovechando la coyuntura internacional y que en otros países de la región centroamericana los combustibles cuestan más de $2 respecto a los precios nacionales, los cuales tienen un subsidio que el Gobierno absorbe para proteger los bolsillos de los consumidores.
No ha sido un camino sencillo, ya que muchos comerciantes, incluso empresas, acostumbraban a hacer incrementos de manera coordinada únicamente para generar mayores ganancias, confiados en que las autoridades no hacían nada como sucedía en los gobiernos de ARENA-FMLN, y si lo hacían, lo arreglaban todo con pagar sobornos. Esos tiempos pasaron y la corrupción de los viejos partidos políticos ha sido extirpada del Estado, lo que da espacio a mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos.
Para garantizar el cumplimiento de las medidas, la Defensoría del Consumidor ha llevado a cabo más de 80,000 verificaciones a escala nacional en todo tipo de negocios y en empresas que se dedican a la venta o a la distribución de alimentos. De esa cantidad, hubo más de 11,000 registros en establecimientos que comercializan productos lácteos.
Como resultado de esas acciones gubernamentales, los salvadoreños disponen de productos con precios justos y con una de las tasas de inflación más bajas de la región.