Los cambios que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele han sido numerosos y trascendentales. De hecho, la llegada del presidente Bukele en 2019 al Ejecutivo supuso la más grande de las transformaciones, pues hizo que se pasara una página de la historia salvadoreña al superar la posguerra. La decisión del pueblo de sacar del poder a ARENA-FMLN fue, de ese modo, acertada y una muestra del inicio de un nuevo período en la vida nacional.
Lo más evidente ha sido la firme decisión del Gobierno de enfrentar a las pandillas para proteger la vida de los ciudadanos. Aunque al comienzo el Plan Control Territorial fue torpedeado desde la antigua Asamblea Legislativa, la voluntad política para implementarlo no tenía ninguna grieta, por lo que se puso en marcha a pesar de no contar con el suficiente financiamiento; lo que llegó después de que ARENA-FMLN y sus aliados fueron desplazados del Órgano Legislativo gracias, nuevamente, al voto popular, libre y directo.
El Plan Control Territorial, complementado con el régimen de excepción desde hace nueve meses, aceleró el proceso de recuperación del país y el combate a las pandillas de una forma que nunca se había visto. Con esto se ha logrado que más de 60,000 mareros y colaboradores de las estructuras delincuenciales sean enviados a prisión.
Sin embargo, el Gobierno tiene más planes para proteger a los ciudadanos, más allá de la seguridad. Por esa razón, las instituciones relacionadas con la protección de otros derechos se activan especialmente en esta época del año, para evitar que surjan irregularidades en el pago del aguinaldo de los trabajadores o que se incremente ilegalmente el precio de los alimentos.
El Ministerio del Trabajo ha desplegado brigadas para verificar que las empresas apliquen el pago del aguinaldo conforme a lo estipulado en la ley. De hecho, hoy es el último día hábil, designado legalmente, para entregarlo. Además, los delegados del Ministerio de Trabajo revisarán que las cantidades sean las establecidas en la ley. Los incumplimientos implican multas y no es una general, sino una por cada trabajador afectado.
Por otro lado, la Defensoría del Consumidor amplió sus operativos de verificación de los precios, incluyendo las ofertas, para garantizar que no se comentan abusos contra los ciudadanos. No solo se trata de resguardar los recursos económicos de los consumidores, sino también la salud, pues las inspecciones han detectado la venta de alimentos vencidos. Acá, las sanciones rondan los 200 salarios mínimos.