El mundo vive un fenómeno de encarecimiento de alimentos y de otros bienes debido a múltiples factores, como los efectos sobre la cadena de suministros que ha provocado la pandemia por la COVID-19, así como las consecuencias de la crisis geopolítica en Europa, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Esto ha provocado una escalada de precios en todo el mundo, la cual ha disparado las tasas de inflación a ambos lados del Atlántico, con Estados Unidos, por ejemplo, sufriendo una inflación interanual de más del 8 % y España con otra de 10 %, lo que revive los temores a crisis similares sucedidas hace más de 40 años.
El Salvador, gracias a la intervención del Gobierno del presidente Nayib Bukele, se encuentra mejor preparado para enfrentar la crisis, ya que se pusieron en práctica 11 medidas para evitar golpear la economía de los ciudadanos.
Gracias a esta intervención, los salvadoreños tenemos la canasta básica con el precio más barato de Centroamérica, en tanto que Guatemala y Honduras tienen los alimentos más caros.
Los esfuerzos del Gobierno se han centrado en garantizar la oferta de granos básicos, lácteos, hortalizas, carnes e insumos para la preparación; de hecho, la Asamblea Legislativa eliminó los aranceles para la importación de carnes con el objetivo de que los salvadoreños adquieran ese alimento, en diversas presentaciones, a precios adecuados. No es una medida tomada al azar, ya que, de acuerdo con el Ministerio de Economía, desde diciembre de 2020 la carne ha tenido un incremento global en los precios de hasta el 11.9 %, en tanto que los aranceles, o impuestos de importación, pueden llegar a ser de hasta el 30 % del precio de la carne cuando el producto procede de países con los que El Salvador no tiene acuerdos comerciales.
Las medidas que ha tomado el Gobierno del presidente Nayib Bukele incluso tienen el respaldo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que ha terminado reconociendo el impacto positivo, mientras los negocios locales también se adecuan para frenar el alza de precios.
Además, como parte de las medidas para proteger a la población, la Defensoría del Consumidor ha efectuado múltiples despliegues territoriales para verificar el cumplimiento de las normativas aprobadas y evitar que haya comerciantes inescrupulosos que busquen aprovecharse de la situación para generar ganancias ilícitas mediante la especulación. La Defensoría ha impuesto multas de hasta 500 salarios mínimos a empresas y particulares por incumplir y subir los precios de productos sensibles, como huevos, leche, harina y aceite.
