«Yo lo que quiero es que me paguen», esa es la exigencia de Henri Jeanpierre, representante legal de Grupo Ferresal y JM Construcciones, quien dijo que en diciembre de 2019 entregó $135,369.18 en materiales de construcción a la Asamblea Legislativa y después de más de un año no han sido cancelados.
Jeanpierre aseguró que suministró arena, cemento, grava, hierro, polines, material eléctrico, electromallas, pinturas y otros materiales de construcción, pero hasta la fecha, el administrador del contrato, Yoalmo Alvarado; el gerente financiero, Balmore López; y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, no le explican la demora en el pago.
«Todos todos todos desde el presidente [de la Asamblea], el administrador [del contrato], el jefe de UACI [Unidad de Adquisiciones y Contrataciones], Gerencia Financiera, hasta los asistentes de Mario Ponce tienen el conocimiento de esta deuda; y no es justo que nos sigan haciendo perder el tiempo a nosotros como pequeños empresarios», dijo.
El proveedor comentó que la última vez que se comunicó con personal de la Asamblea Legislativa en relación con la deuda fue el 21 de abril del año pasado, cuando las empleadas de Ponce, Maritza Ramírez y Zulma de Mendoza, llegaron en un vehículo institucional de la Asamblea a las oficinas de su empresa en Lourdes, Colón, La Libertad, a decirle que ese Órgano de Estado «honrará la deuda».
El proveedor explicó que los materiales se utilizaron en la construcción de las oficinas de los diputados de ARENA, luego de que la fracción se trasladó del centro comercial Las Azaleas, en San Salvador.
«Con todos los materiales que se solicitaron de parte del administrador [del contrato], Yoalmo Alvarado, por orden puntual de Mario Ponce, se construyeron las oficinas provisionales de la fracción de ARENA en el ex Palo de Hule», cuestionó el proveedor. Además, presentó copias de las remisiones de los materiales y los documentos firmados por los bodegueros de la Asamblea que recibieron los insumos.
Debido al impago, el proveedor contrató al abogado Juan Carlos Cevallos para que lo representara en el cobro de los $135,369.18. Sin embargo, el abogado dijo que la Asamblea Legislativa lo denunció en la Fiscalía General de la República por hacer «un cobro temerario».
En respuesta, el abogado interpuso una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos en contra de la Asamblea por «coartar la libertad de trabajo».
También denunció en la Fiscalía al administrador del contrato por el delito de exacción, y solicitó una auditoría especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
El abogado contó que extraoficialmente conocieron que la Asamblea no dispone de fondos para honrar el pago, y pretende trasladar esa deuda a la legislatura que tomará posesión el 1.° de mayo.
Por medio de la Gerencia de Comunicaciones de la Asamblea y del personal de comunicaciones se trató de conocer la opinión del presidente del Órgano Legislativo en relación con este caso, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.