En los 29 meses de gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha tenido 65 días sin homicidios. Con la implementación del Plan Control Territorial, el país vio un descenso sostenido de la violencia y muerte, gracias a la recuperación de barrios y colonias que durante las administraciones de ARENA y el FMLN fueron entregados a las pandillas.
Gracias a las acciones contundentes en contra de los grupos criminales, los ciudadanos empezaron a conocer la tranquilidad y la seguridad, lo que no quiere decir que no haya hechos violentos, sino que los delincuentes han sido detenidos de manera más efectiva y la autoridad del Estado se ha extendido por más áreas del país.
Todavía hace falta mucho por hacer, es cierto, pero nadie puede decir que no estamos mejor que en los tiempos de ARENA-FMLN. Son precisamente estos grupos que han sido desplazados del poder, gracias al voto libre y directo de la mayoría de los electores, los que celebran, con macabra alegría, el súbito incremento en el índice de homicidios de las últimas horas.
Tan irregular ha sido el comportamiento criminal en los últimos tres días que uno no puede menos que pensar que hay órdenes detrás de ese incremento. Lo que las pandillas hicieron para negociar la tregua en las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos efemelenistas prófugos y protegidos por el régimen de Daniel Ortega con la nacionalización exprés, fue aumentar los homicidios.
A raíz de la expansión del despliegue territorial de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, las autoridades pudieron detectar una significativa cantidad de dinero en efectivo en una falsa funeraria en el Distrito Italia, de Tonacatepeque. Más tarde se encontró un paquete con fajos de billetes de $100 recién sacados del banco, y es muy difícil que provengan de la actividad criminal.
Sin duda, la circulación de grandes cantidades de dinero y el aumento de los homicidios no solo generan sospecha, sino que también revelan que hay, como dice el presidente Bukele, «fuerzas oscuras» empeñadas en reactivar la violencia homicida en el país.
Pero ¿a quién le beneficia una situación de caos? No es a la mayoría de los ciudadanos honrados ni mucho menos al Gobierno. Solo los criminales pueden, de una forma macabra, celebrar la muerte de personas inocentes si con ello creen que se afecta el Plan Control Territorial y, con él, al presidente.
Son los mismos que han trabajado para bloquear el combate de la pandemia de la COVID-19 o que frenaron en la anterior Asamblea Legislativa los préstamos para financiar el Plan Control Territorial. Así como fracasaron antes fracasarán hoy, porque hay un pueblo que ya decidió pasar la página de la historia.