«Exigimos no queden en la impunidad los autores materiales e intelectuales de esta masacre», «Si alguien ha trabajado durante 32 años en que se haga verdad con el caso jesuitas ha sido la UCA», «El Estado salvadoreño ha sido incapaz de ver como la gente buena desea verdad, justicia, reparación, reconciliación y perdón», estos han sido algunos de los pronunciamientos que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) e interesados han hecho para exigir justicia por la masacre de los jesuitas y dos colaboradoras. Curiosamente, hoy que se ha reabierto el caso, hacen cuestionamientos.
Por más de 30 años una parte de la población ha exigido al Estado salvadoreño llevar a la cárcel a los asesinos de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baro, Segundo Montes Mozo, Joaquín López y López, Amando López y Juan Ramón Moreno, y de las colaboradoras Julia Elba Ramos y su menor hija Celina Mariceth Ramos. La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989 en el interior de la UCA.
ecientemente, una resolución de la Sala de lo Constitucional abrió nuevamente el camino para eliminar la impunidad por este hecho por el que solo fueron condenados algunos autores materiales.
Con la nueva sentencia se podría procesar a los supuestos autores intelectuales, entre ellos, el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard y los militares Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López y Juan Rafael Bustillo. En el caso también están implicados los jefes militares ya fallecidos René Emilio Ponce y Francisco Elena Fuentes. AsimismoInocente Orlando Montano, quien fue condenado en España a 133 años de cárcel por el asesinato de los jesuitas.
De acuerdo el nuevo fallo de la Sala los implicados deben ser citados ante el juez del caso para que les notifiquen del proceso y luego señalar la fecha de la audiencia inicial. Ante este nuevo dictamen, autoridades de la UCA lamentaron que «el inicio del proceso constitucional en el cual se ha vertido el fallo se haya realizado de manera sorpresiva y sin ninguna participación de los familiares de las víctimas, la UCA o la Compañía de Jesús».
Además, la UCA critica que el fallo solo ratifica que «existe violación al debido proceso, pues sistemáticamente se ha bloqueado el acceso a la justicia, y se ha denegado el conocimiento de la verdad», pese a que resolución de la Sala busca hacer justicia y a que según el rector, la resolución está bien argumentada jurídicamente.
En diversas ocasiones, las partes interesadas han reiterado que el asesinato de los jesuitas «fue consecuencia de las continuas denuncias que realizaron y de su compromiso en el proceso de paz en El Salvador».
Las pruebas establecen que el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, en los que estaban jefes y comandantes militares, fue quien decidió atacar a los jesuitas. Todo con el aval de Cristiani. Investigaciones han determinado que fue Ponce quien autorizó los asesinatos de personalidades políticas y religiosas durante la ofensiva del FMLN.
LA COMISIÓN DE LA VERDAD
El informe de la Comisión de la Verdad establece que «se reunieron el Coronel Benavides Moreno, el Teniente Espinoza Guerra, el Subteniente Guevara Cerritos y el Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos» para planear el ataque contra los sacerdotes.
«Benavides Moreno dijo a los demás: ‘esta es una situación donde son ellos o somos nosotros; vamos a comenzar por los cabecillas.
entro del sector de nosotros está la Universidad y allí está Ellacuría’. Acto seguido, señaló al Teniente Espinoza Guerra y le dijo: ‘Vos hiciste el registro y tu gente conoce el lugar; usa el mismo dispositivo del día del registro. Hay que eliminarlo y no quiero testigos. El Teniente Mendoza Vallecillos va a ir con ustedes como el encargado de la operación para que no haya problemas’», se detalla en la investigación judicial.
UN crimen ASIGNADO AL BATALLÓN ATLACATL
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, los militares y soldados, quienes formaban parte del Batallón Atlacatl, «penetraron por el portón peatonal, ubicado al sur de la Universidad; tomaron posiciones y los efectivos designados entraron en la residencia de los sacerdotes, mientras que otros entraron al Centro de Reflexión Teológica». Los sacerdotes fueron sacados por la fuerza, de sus habitaciones al jardín, y ya tumbados fueron asesinados con fuego de fusiles.
Después, para no levantar sospecha, los asesinos simularon un enfrentamiento y destruyeron parte de las instalaciones con fusilería, granadas y sustancias inflamables. «Al retirarse de las instalaciones, dejaron un letrero en el portón peatonal atribuyéndole falsamente los hechos al FMLN», se describe en el informe.
Por años, los acusados en la masacre de jesuitas han sido favorecidos por funcionarios y gobernantes, sin embargo, será hasta hoy que resurgió la esperanza de justicia.
En 1991 fueron procesados nueve militares, de los cuales solo Guillermo Benavides y Yusshy René Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión. El sargento Zárpate Castillo, Ávalos Vargas y Pérez Vásquez hicieron confesiones extrajudiciales ante la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, sin embargo, el juzgado no valoró estas pruebas.
Benavides recuperó su libertad dos años después, cuando entró en vigencia la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (LAGCP), sin embargo, fue capturado nuevamente en julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional anuló la LAGCP.
