Entre el 20 y 21 de diciembre de 2018, la comisión política de la Asamblea Legislativa negoció elegir a Raúl Melara como fiscal general de la república, precisamente en la última plenaria de ese año. Melara, quien en meses previos había estado junto con Carlos Calleja cerrando la campaña presidencial, estaría al frente de una de las instituciones vitales del ministerio público salvadoreño.
Un total de 32 hojas de vida llegaron a la comisión política de postulantes al cargo de fiscal general. Todos fueron entrevistados por una subcomisión, que sería la encargada de revisar cada perfil.
Los artículos 192 y 177 de la Constitución de El Salvador definen las condicionantes para ser electo en el cargo de fiscal general. Además, el inciso 19 del artículo 131 de la Carta Magna le otorga a la Asamblea Legislativa la potestad de elegir para el cargo a la persona más idónea.
En el dictamen emitido por la comisión política de la Asamblea Legislativa se detalla que se requirió documentación de todos los candidatos a la Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Cuentas de la República (CCR), Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Dirección General de Centros Penales (DGCP), Ministerio de Hacienda y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La documentación solicitada al TSE es la que contrasta para la elección de Raúl Melara. Públicas han sido fotografías del exfiscal, destituido en mayo, en las que aparece portando un chaleco del partido ARENA, reunido con la dirigencia de ese partido de derecha y cantando sus consignas.
Además, ante la propia subcomisión que desarrolló las entrevistas, Melara aceptó que fue asesor legal del candidato Carlos Calleja en su intento por llegar a gobernar El Salvador.
A pesar de la propia confesión, los diputados de la subcomisión no consideraron ni establecieron que el jurista tenía un evidente vínculo partidario, lo que legalmente lo inhibía para ser fiscal.
El 1.º de mayo, la nueva Asamblea Legislativa, en una de sus primeras acciones, acordó removerlo del cargo por la vinculación partidaria evidente que tenía con ARENA. La elección del fiscal comenzó el día 20 de diciembre y terminó extendiéndose hasta la noche del 21 de diciembre.
La balanza legislativa se inclinaba a favor de Douglas Meléndez, quien buscaba la reelección y que tentativamente contaba con el respaldo de las fuerzas políticas.
Sin embargo, en un cambio inesperado, todos los partidos retiraron su apoyo a Meléndez y lo endosaron a Melara.
De los 84 diputados en el pleno legislativo, 83 respaldaron al también exdirectivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y solo el diputado independiente, Leonardo Bonilla, se abstuvo.
En esa misma sintonía, la Asamblea Legislativa tenía pendiente aprobar el presupuesto general de la nación de 2019, y fue parte del acuerdo que se pactó: elegir a Melara como fiscal y aprobar el plan de gastos estatales.
Esta versión se comprueba en dos puntos: la misma cantidad de votos para elegir a Melara y para aprobar el presupuesto 2019, y declaraciones que dieron diputados en las que confirmaron que fue el punto en común que alcanzaron.
Históricamente, las elecciones de los funcionarios de segundo grado han recaído en la comisión política de la Asamblea Legislativa.
Raúl Melara fue electo para iniciar al frente de la FGR el 6 de enero de 2019 y completar su ejercicio el 5 de enero de 2022, pero fue sustituido por quien finalizará dicho período buscando la reelección en el cargo, Rodolfo Delgado Montes.