Las resoluciones que emanan de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben ser cumplidas sin discusión, gusten o no, una
premisa basada en la Constitución de la República que solo la oposición política, sus organizaciones y analistas afines se niegan a aceptar, pues reniegan de la resolución que habilitó al presidente Nayib Bukele para competir en 2024.
El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Miguel Ángel Cardoza reafirmó ayer en la entrevista Frente a Frente que dichas sentencias deben ser acatadas por los magistrados de un ente como el organismo colegiado y, por lo tanto, la reelección presidencial cuenta con legitimidad.
«El hecho es que ya hay una sentencia de la sala y que difícilmente los funcionarios no van a cumplir sentencias judiciales. Es muy difícil», indicó Cardoza.
Anteriormente, en una entrevista del programa radial La Tribu, Cardoza concordó con el magistrado electoral Noel Orellana al asegurar que si un funcionario no acata una resolución judicial, puede ser procesado por prevaricato.
También Guillermo Wellman Carpio, magistrado por el partido ARENA en el TSE, afirmó ayer en la entrevista matutina de Radio Sonora que, aunque aún es muy pronto para dar una postura oficial como juez electoral sobre el tema de la reelección presidencial, reconoce que las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de estricto cumplimiento.
«Nos criticaron porque sacamos un comunicado sobre el tema que la sala dio una resolución. A mí me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que sacáramos el comunicado y yo les dije que sí, porque eso es normal. ¿Y no aquí ya todos los políticos y todos los actores, dígase los tanques de pensamiento, han dicho todo el tiempo que las sentencias de la sala son de estricto carácter obligatorio y se cumplen?», argumentó Wellman.
El magistrado cuestionó a los sectores que niegan la legitimidad de la Sala de lo Constitucional y que sugieren al TSE desconocer la resolución 1-2021 referente a la reelección.
«Ahora empiezan a decir que no, ahora dicen que la sala no es legítima, ¿y por qué estos mismos actores presentan amparos, inconstitucionalidades, “habeas corpus” en la sala? Entonces, ¿todas las resoluciones que salgan a favor de estos sectores que están negando la legitimidad de la salaserían nulas?», reflexionó.
Con sus declaraciones respaldó la postura que Orellana tuvo recientemente en diferentes medios de comunicación, en donde expresó: «Estoy en la obligación de cumplir aquellas sentencias emanadas de los tribunales competentes, como lo he dicho siempre, me guste o no».
Según Orellana, en su calidad de magistrado electoral está obligado a darles cumplimiento a las sentencias constitucionales; de lo contrario, podría caer en el «delito de desacato» por desobediencia a un tribunal superior. «Perfectamente el fiscal puede procesarme por no cumplir la ley», recalcó.
Para Wellman, el hecho de que algunos sectores critiquen la posición del TSE sobre el cumplimiento del fallo emitido por la Sala de lo Constitucional habilitando la competencia por la reelección presidencial en 2024 tiene ciertos intereses.
«Pareciera que los actores políticos no tienen argumentos y empiezan a atacar al TSE, pero ¿qué se está dando ahorita? No estamos en elecciones», afirmó.
Hasta ahora, el único magistrado electoral que ha puesto en duda el cumplimiento de la resolución 1-2021 de la Sala de lo Constitucional es el propuesto por el FMLN, Julio Olivo, quien dijo que su voto estará fundamentado plenamente en la Constitución.
Olivo, además, denunció que sus colegas se sienten amenazados al tomar decisiones; sin embargo, Wellman negó ayer que exista una situación así en la institución.
«Yo realmente nunca me he sentido amenazado. ¿Amenazas de qué? Si estoy haciendo bien mi trabajo, ¿por qué me voy a sentir amenazado? Nunca me he sentido amenazado, creo que si hago bien las cosas, no tengo por qué temer», afirmó.
