El analista político y académico Dagoberto Gutiérrez rechazó ayer la intromisión del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) en la política salvadoreña en cuanto a las decisiones tomadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para el combate de las pandillas.
El 10 de abril pasado, el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken rechazó las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa al Códio Penal. A criterio del funcionario, las modificaciones criminalizan la crítica periodística y pretenden censurar a los medios de comunicación.
La reforma —avalada el 5 de abril anterior por 63 de los 84 diputados— consistió en la incorporación del artículo 345 c para sancionar de 10 a 15 años de cárcel a quienes elaboren, participen, faciliten, fabriquen textos, pinturas, diseños, dibujos y grafitis que explícita o implícitamente transmitan mensajes, señales, denominaciones, propagandas o cualquier manifestación escrita que haga alusión a las maras o pandillas.
El presidente Bukele contestó en Twitter a los cuestionamientos del secretario de Estado de EE. UU.: «Tengo un amigo periodista, quiere acceder a Guantánamo para ejercer sus derechos de libertad de prensa y comprobar si los detenidos han disfrutado de sus libertades civiles y de un debido proceso. Tienes terroristas que te amenazan y nosotros tenemos terroristas que nos amenazan».
A criterio de Gutiérrez, quien participó ayer en la entrevista Diálogo con Ernesto López, la respuesta del presidente Bukele a Blinken fue correcta, y agregó: «Estados Unidos no se debe meter en nuestras cosas, así como nosotros no nos metemos en las suyas. Preocúpense de las matanzas en sus escuelas».
Asimismo, Gutiérrez señaló que el secretario de Estado estadounidense «habla de derechos humanos y de libertad de expresión, pero tiene cerquita Guantánamo», por lo que «no tiene calidad moral para hablar de esos temas».
Guantánamo es una prisión militar estadounidense en Cuba utilizada para la detención de los acusados de actos de terrorismos en contra de EE. UU., cuyos procesos son reservados.
Además de la reforma del Código Penal, la Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo pasado el régimen de excepción.
El Ejecutivo y los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC argumentaron que la herramienta ayudaría a contener el repunte de los homicidios causados por las pandillas el 25 y 26 de marzo pasados.
Desde ese día la Policía Nacional Civil (PNC) ha reportado la captura de miles de pandilleros y el decomiso de armas de fuego, dinero, droga y vehículos utilizados para delinquir.
El analista no duda de que entre los capturados haya personas que no pertenencen a las pandillas; sin embargo, dijo que esos casos serán resueltos por los jueces que llevarán los procesos.
«Resolver el conflicto con las pandillas que lleva ya 30 años tomará mucho tiempo. El número de detenidos proyecta la magnitud de este conflicto. El pueblo avala las medidas del Gobierno», afirmó Gutiérrez
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