A pesar de las denuncias presentadas por organismos en defensa de los derechos humanos y al acceso del asilo, la norma de expulsión del Título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México se mantendrá activa probablemente hasta junio de 2023, mientras la Corte Suprema revisa el caso presentado por 19 estados en contra de la anulación de la política y hasta que los jueces emitan una decisión final.
El tribunal acordó escuchar los argumentos sobre el caso que iniciará en febrero y se extenderá hasta mediados del próximo año, donde se conocerá el destino del Título 42, que permite la expulsión de los migrantes sin implicaciones legales, algo que facilita a las autoridades estadounidenses el retorno de las personas a México o sus países de origen y los dejan sin la posibilidad de pedir asilo.
Para el director ejecutivo de Alianza Américas, Oscar Chacón, el Título 42 nunca fue una medida de salud pública como se justificó para su creación en 2020, en medio de la pandemia por la COVID-19, y tampoco ha promovido una migración más ordenada en la frontera.
«En realidad, el Título 42 se convirtió en una herramienta más en la estrategia de las fuerzas políticas racistas y xenófobas que suscitan mentiras sobre las personas inmigrantes durante décadas, y que han buscado constantemente cerrar todas las vías para que las personas obligadas a migrar reciban el apoyo y la protección que merecen», señaló Chacón.
Aunque la culminación del Título 42 estaba prevista para el 20 de diciembre, la petición de los 19 estados republicanos para frenar su fin impidió que esto sucediera y el presidente Joe Biden anunció que acataría el fallo de la Corte y solicitó una reforma migratoria «integral».
En noviembre, el juez federal de Columbia Emmet Sullivan determinó en un documento de 49 páginas que el Título 42 era «arbitrario y caprichoso y que violaba la Ley de Procedimiento Administrativo».
«La mayoría de los jueces han sancionado ahora, de hecho, la perpetuación de la devolución y serán responsables de lo que el tribunal inferior denominó “daños irreparables” que sufren los solicitantes de asilo expulsados en virtud del Título 42», opinó la directora de Refugees International para las Américas y Europa, Yael Schacher.
Human Rights First ha documentado más de 13,000 ataques violentos a personas que buscan asilo afectadas por el título 42.
Un equipo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México informó que los migrantes que están llegando al norte de México requieren asistencia humanitaria urgente. «La situación actual exacerba los riesgos de trata de personas, abuso, explotación y de otras violaciones de derechos humanos», publicó en un tuit.
Texas, que ha culpado a Biden por este escenario de flujo migratorio irregular, ordenó a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad del estado ampliar la cerca de púas en El Paso y rastrear por medio de drones a los personas que intentan cruzar.
