La seguridad ciudadana es la consecución de un proceso que en El Salvador hace poco hemos comenzado a recorrer como debería ser, con la llegada de nuestro presidente Nayib Bukele al Gobierno, y no como nos lo habían vendido.
En el último mes de 2021, en la Asamblea Legislativa desfilaron los autores intelectuales y materiales de uno de los procesos más vergonzosos que nuestra historia reciente atestigua: el pacto con las pandillas que derramó la sangre de miles de salvadoreños honrados y trabajadores.
ARENA, el FMLN y todo el andamiaje alrededor de la supuesta sociedad civil que los representa fueron capaces de establecer un acuerdo con los delincuentes para canjear las vidas de la ciudadanía por favores electorales para sus fines oscuros.
Desmontar esa estructura es un proceso complejo, pero ya se están dando los pasos en el camino correcto, y hay que llegar a las consecuencias más profundas para garantizar que esto nunca vuelva a pasar.
Cuando nos preguntamos cómo sería El Salvador si estos mercaderes de la política hubieran trabajado por el bienestar ciudadano y no por sus intereses electorales, seguro la respuesta sería que este país caminaría sobre una senda diferente y nos moveríamos a un ritmo distinto, pero lamentablemente no fue así, y en junio de 2019 se inició un nuevo camino que hoy seguimos concretando. El Plan Control Territorial es la única estrategia de seguridad que ha funcionado.
Sin duda, el papel que está teniendo la Asamblea Legislativa de cara a los nuevos procesos de transformación es clave; por supuesto, hay quienes ven con recelo el trabajo que se hace y las razones son de sobra. Se les acabó el negocio, perdieron sus privilegios y, hoy sí, el pueblo salvadoreño tiene quien lo represente y haga valer sus derechos fundamentales.
En ese marco y bajo estas perspectivas, la consecución de una seguridad ciudadana sostenible no es una tarea fácil, sobre todo porque hay quienes, día a día, buscan detener las transformaciones impulsadas por el actual Gobierno y se prestan a generar temor e intentar sacar réditos de la situación. El presidente Bukele, su Gabinete de Seguridad y el fiscal general están articulando todos los esfuerzos posibles para garantizar la integridad de la ciudadanía, y como Asamblea Legislativa buscamos proporcionar todas las herramientas de ley que se requieran para combatir el crimen. Además, por primera vez se tiene un presupuesto para la seguridad que permitirá que el Plan Control Territorial siga cosechando los éxitos que hasta ahora han sido importantes.
Por último, 2022 nos trae nuevos retos y es donde debemos fortalecer aún más las sinergias con todo un sistema de justicia y seguridad, para darle a la población el bienestar que merece y la tranquilidad que por derecho debe gozar.
