La estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele denominada Plan Control Territorial (PCT) sigue generando y presentando evidencia de logros, avances, indicadores y reducciones significativas en seguridad en mi amado país, El Salvador.
En otras columnas he presentado evidencia empírica, indicadores, estadísticas y comparativos de cifras oficiales de la mesa técnica interinstitucional. En esta oportunidad, quiero referirme a un factor que, en mi opinión, es un eje transversal: atender las deudas en la corporación policial desde su fundación, relacionadas con los retrasos y estancamientos, ascensos y, por ende, mejores ingresos económicos; no plan de carrera, no expectativas de una profesión en la seguridad pública, salarios de los más bajos en el Estado salvadoreño, ausencia de mística en el trabajo policial.
Gracias al apoyo del presidente Bukele, el director general, Mauricio Arriaza Chicas, con el incondicional apoyo y respaldo del ministro de Justicia y Seguridad, licenciado Gustavo Villatoro, han podido corregir las causas estructurales de la deserción policial.
En 2016, cuando El Salvador atravesaba una grave y profunda crisis de la seguridad, con una tasa superior a los 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, que nos llevó al nada honroso primer lugar de violencia homicida en el mundo, el personal de la Policía desarrolló varias protestas solicitando uniformes, botas, chumpas, que se mejoraran las sedes policiales, que ya no se atrasaran los salarios, los bonos ni los ascensos, pedía la reparación de las patrullas policiales y de las armas asignadas, que se comprara y asignara munición mínima a cada policía, que se pagara el seguro de vida, ya que en 2015 los policías asesinados por el crimen organizado dejó a las familias sin poder cobrar los seguros a tiempo.
Todas —como puede leer— condiciones mínimas y de obligación para el Gobierno, pero el en ese entonces vicepresidente y jefe del Gabinete de Seguridad, Óscar Ortiz, en televisión nacional, en horas de alta demanda, les manifestó a los servidores de la Policía Nacional Civil: «Si un policía no está a gusto con su trabajo, que busque otro trabajo», refiriéndose al pago y a las condiciones de trabajo de aquel momento. También los llamó insubordinados, por exigir sus derechos mínimos y básicos. La respuesta del exvicepresidente fue ofrecerles la calle. Inaceptable totalmente su estilo, su liderazgo y los nefastos resultados que dejó como legado al país. La soberbia, la ambición y el poder los enfermó. Era más importante hacer negocios y disfrutar del festival del buen vivir para un reducido grupo. La seguridad pública fue una plataforma para hacer dinero a costa del sufrimiento y de la vida de los salvadoreños.
La semana anterior, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó al país sobre la reducción en más del 50 % la deserción policial con datos específicos: 2017 (534), 2018 (706), 2019 (612), 2020 (237) y en los primeros ocho meses de 2021 (156), que representan, en mi opinión, que las acciones de los últimos 27 meses y medio dentro del PCT y las políticas internas del Ministerio de Justicia y Seguridad, como de la PNC, están dignificando el trabajo de los policías. Además, hay más solicitudes de aspirantes para ser parte de nuestra PNC. Cada día, mujeres y hombres de la Policía se levantan con la firme convicción de servir y proteger a la población.