En El Salvador, los gobiernos militares no defendieron completamente los intereses económicos, políticos, sociales y culturales de la oligarquía cafetalera, la cual dirigía el país por encima de los poderes del Estado; los militares aplicaron la teoría política del Estado de bienestar en la creación y el funcionamiento del sistema de pensiones y de otras políticas gubernamentales.
La oligarquía cafetalera fue sustituida, en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado, por una clase social dominante moderna, enraizada en el sector financiero, comercial, de servicios y, en menor medida, en el industrial. La nueva oligarquía adoptó una visión económica neoliberal, con la asesoría de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), financiada desde mediados de la década de los ochenta por una agencia gubernamental de EE. UU.; hizo que el Estado dirigido por el partido ARENA privatizara la administración de las pensiones, entregándoselas a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hace aproximadamente 26 años; luego dirigió la defensa de las dos AFP que habían quedado manejando el sistema privado de pensiones, ante la amenaza de nacionalización durante el segundo gobierno del FMLN, hace tres años.
En la actualidad, el sistema de pensiones solo cubre a una parte muy pequeña de los trabajadores en edad de laborar; el sistema público de pensiones (Inpep, ISSS e IPFA), entrega pensiones vitalicias que triplican las entregadas por las AFP, pero hace varios años que es deficitario y el Gobierno tiene que financiar ese déficit. Las dos AFP que administran el Sistema de Ahorro de Pensiones obtienen ganancias bastante elevadas.
Los objetivos de la reforma de pensiones deberían ser fortalecer el Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) para equipararlo con el Sistema Público de Pensiones (SPP); dar sostenibilidad financiera al Sistema Público de Pensiones; aumentar la cobertura del sistema de pensiones; fortalecer los programas de pensiones no contributivos (para ancianos que no han cotizado en ninguno de los dos sistemas de pensiones), así como disminuir la carga financiera del Estado.
El Sistema de Ahorro de Pensiones debe continuar siendo autosostenido y entregar pensiones dignas; para ello, se debe aumentar la cotización de los trabajadores y de las empresas, la edad de los trabajadores para pensionarse, el período de cotización, la rentabilidad del fondo de pensiones, así como disminuir la comisión que se paga a las AFP. Previo a la presentación de propuestas de reforma del sistema de pensiones, deberían hacerse estudios actuariales para asegurar la consistencia financiera de los cambios que se consideren necesarios.
Para dar sostenibilidad al Sistema Público de Pensiones se deben establecer impuestos específicos para ese objetivo y para fortalecer los programas de pensiones no contributivas, tomando en cuenta que la carga tributaria en nuestro país (ingresos tributarios del Estado divididos entre el PIB) es una de las más bajas en Latinoamérica: estos impuestos deberían pagarlos los grandes propietarios de tierras e inmuebles, así como las grandes empresas.
El aumento de la cobertura del sistema de pensiones debe ser el resultado del esfuerzo combinado del sector público y el privado para elevar el porcentaje de formalización de micro y pequeñas empresas.