El régimen de Daniel Ortega nacionalizó a más familiares cercanos del expresidente de la república del partido FMLN —ahora nacionalizado nicaragüense y prófugo de la justicia salvadoreña— Salvador Sánchez Cerén.
La información de las nuevas nacionalizaciones la difundió el periódico nicaragüense «La Prensa», con base en lo publicado por «La Gaceta», el diario oficial de ese país.
De acuerdo con la publicación, se han nacionalizado como nicaragüenses Salvador Antonio Sánchez Villalta, Alejandra Sofía Guardado Sánchez y Carlos Manuel Pacheco Guardado, quienes son hijo, nieta y bisnieto, respectivamente, del prófugo Sánchez Cerén.
El pasado 30 de julio, el régimen de Ortega confirmó la nacionalización del expresidente de la república; de su esposa, Margarita Villalta; su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta; y su nieto, Juan Carlos Guardado Sánchez.
El periódico «La Prensa» señaló que «La Gaceta» también consigna la nacionalización de Ana Lidia Peña Sosa y Frederick Birten Morris, pero no se ha confirmado «la relación familiar» con el exmandatario salvadoreño.
La nacionalización de Sánchez Cerén y de sus familiares ha sido señalada como ilegal porque violó la Ley General de Migración y Extranjería, según publicó recientemente «La Prensa», de Nicaragua, basado en las opiniones de abogados de ese país.
Ellos han planteado que las nacionalizaciones han violado el artículo 54 de la ley de migración y extranjería porque las otorgó el régimen orteguista a pesar de que los solicitantes no tenían más de dos años como residentes permanentes en Nicaragua.
Según las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, Sánchez Cerén se encontraba en Nicaragua desde el pasado 5 de diciembre de 2020 en calidad de asilado político. Sin embargo, la nacionalidad se le otorgó el 30 de julio de 2021, es decir, solo tenía seis meses como residente permanente.
Los juristas han señalado que el régimen de Ortega se ha dedicado a proteger a expresidentes o exfuncionarios señalados de actos de corrupción a partir del principio de no entrega de nacionales, regido en las leyes nicaragüenses.
LA HUIDA A NICARAGUA
Sánchez Cerén huyó de El Salvador desde diciembre del año pasado, según reveló recientemente el presidente de la república, Nayib Bukele.
Días antes de su salida, la presidenta del Banco Hipotecario, Celina Padilla, presentó un aviso en la Fiscalía para que investigara la presunta malversación de $58.7 millones durante su gestión presidencial (2014-2019).
Mientras que el mes pasado, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cinco exfuncionarios de Sánchez Cerén por haber recibido «bonos» o «bonos por retiro» durante su Gobierno y en el de Mauricio Funes, también prófugo por actos de corrupción y nacionalizado nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega.
Los exfuncionarios de Sánchez Cerén que recibieron «bonos» o «bonos por retiro» fueron enviados a prisión preventiva por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
Mientras que envió la solicitud a la oficina de Interpol de San Salvador para emitir la difusión roja en contra del segundo expresidente de la república por el partido FMLN.
Según la Fiscalía, Sánchez Cerén y los exfuncionarios incurrieron en el delito de lavado de dinero y activos y en enriquecimiento ilícito con los «bonos» o «bonos por retiro» por un monto de $2.6 millones.